El Parlament ha decidido este miércoles no continuar con la tramitación de la proposición de ley registrada por Junts para modificar la normativa tributaria de Catalunya con el objetivo de aplicar una rebaja fiscal, que incluía una reducción del IRPF y la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones.
La iniciativa de Junts ha quedado descartada después de que prosperaran las enmiendas a la totalidad impulsadas por PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, que han contado con el respaldo de estos grupos y el voto en contra del resto de formaciones.
En el texto, Junts sostenía que el nivel de presión fiscal que soportan los contribuyentes catalanes es “más alto que el existente en otras comunidades autónomas del Estado”, lo que, a su juicio, genera una desventaja estructural. Por ello, proponían reajustar los tramos autonómicos del IRPF, incrementar el mínimo exento y aplicar una bonificación general del 99% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones.
El diputado de Junts Toni Castellà ha denunciado que “Los catalanes somos los campeones en pagar impuestos. De los impuestos que pagamos, más de 22.000 millones se van al Estado y no vuelven. Y el Estado, a la vez, dónde invierte menos es en Catalunya. Es la tormenta perfecta”, y ha cargado contra la política fiscal de los socialistas, que considera especialmente perjudicial para las clases medias y trabajadoras.
Por parte de los Comuns, el diputado David Cid ha contrapuesto el modelo fiscal que defiende su grupo, basado en que quien más tiene más contribuya, al de Junts, al que ha reprochado que prescriba siempre rebajas de impuestos “llueva, nieve, haga frío, viento o haya una guerra”, en línea, según ha dicho, con PP, Vox y Aliança Catalana.
En términos similares se ha expresado la diputada de ERC Lluïsa Llop que, aunque ha reconocido que el déficit fiscal que sufre Catalunya es un problema real, ha rechazado que la propuesta de Junts persiga la justicia social y la ha descrito como una invitación a la competencia fiscal a la baja, además de enmarcarla en un debate recurrente “en la bancada de la derecha”.
La diputada de PSC-Units Susana Martínez ha insistido en que “Lo que proponen no es una reforma fiscal justa, es una pieza clave del negocio de la derecha. Y lo hacen en nombre de los que acaban pagando la factura”, y ha interpelado a Junts sobre si se consideran socios potenciales del PP con este tipo de planteamientos.
Desde la CUP, la diputada Laure Vega ha defendido que la llamada cultura del esfuerzo es una falacia y ha apuntado que muchas personas querrían competir en igualdad de condiciones con quienes nacen con una posición económica asegurada. Ha dicho comprender el malestar de parte de la ciudadanía que percibe que los impuestos, además de financiar servicios públicos, también se destinan a gastos superfluos y a sueldos de diputados que son “escandalosamente altos”.
Posicionamiento de PP, Vox y Aliança Catalana
La diputada del PP Míriam Casanova ha subrayado la conveniencia de avanzar hacia una administración pública con menos presión fiscal y mejores servicios, algo que considera viable y que, según ha afirmado, ya están aplicando en las comunidades donde gobiernan, en contraste con la política tributaria de los socialistas.
Aunque ha valorado positivamente que se plantee una rebaja de impuestos, el diputado de Vox Joan Garriga ha considerado que la propuesta de Junts resulta insuficiente y contradictoria con la gestión previa de este partido: “Los que lo proponen son responsables de la última subida de Sucesiones con ERC y de que Catalunya sea una de las regiones con un IRPF más alto de toda España”.
En representación de AC, la diputada Sílvia Orriols se ha mostrado favorable a cualquier medida que implique una reducción de impuestos, pero ha advertido de que no la apoyarán sin un análisis crítico. Ha puesto en duda que se trate de una reforma fiscal profunda y, por ello, ha expresado que no cree que su implementación supusiera un cambio sustancial en la vida de la mayoría de catalanes.