El exconseller de Bienestar Social y Familia entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012, Josep Lluís Cleries, y quien le sucedió en el cargo entre diciembre de 2012 y enero de 2016, Neus Munté, han defendido que, en sus etapas al frente del departamento, no se tramitaron contratos de emergencia ni se aprobaron reconocimientos extrajudiciales de crédito en la entonces Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia).
Ambos han comparecido este lunes ante la Comisión de Investigación sobre la actividad de la Dgaia en el Parlament, donde Munté ha subrayado que todas las contrataciones realizadas entre 2014 y 2015 se llevaron a cabo “al amparo” de la Ley de contratos del sector público.
Diputadas como Ennatu Domingo (Junts), Lorena Roldán (PP) y María Elisa García Fuster (Vox) han planteado dudas sobre posibles pagos irregulares, en la línea de los detectados por la Sindicatura de Comptes y la Oficina Antifrau en el periodo 2016-2022. Munté ha reiterado que durante su responsabilidad en el departamento no se produjeron “situaciones similares”.
“No recuerdo, y le hemos dado vueltas, que nos encontrásemos con situaciones similares a las que actualmente han sido detectadas y están siendo objeto de investigación”, ha manifestado, añadiendo que, a su juicio, los mecanismos de control vigentes —tanto internos de la propia administración como externos— resultaban suficientes.
Cleries, por su parte, ha asegurado que aprecia “diferencias” entre su etapa y lo que recogen los informes sobre prestaciones, gestión y seguimiento, remarcando que entonces estas funciones se asumían desde la propia dirección general y no a través de una entidad, como sucede a partir de 2017.
La exdirectora de la Dgaia entre febrero de 2013 y enero de 2016, Maria Mercè Santmartí, ha coincidido en que en ese periodo no recurrieron a contratos de emergencia y ha defendido que la gestión del acompañamiento económico estaba sometida a un “riguroso control”, insistiendo en que la cifra era absolutamente controlable.
Abusos y modelo de desinstitucionalización
En respuesta a las preguntas de Roldán (PP), Munté ha explicado que, tras el Caso Trinity —operación en la que en 2015 se desmanteló una red de pederastia internacional con al menos 7 víctimas tuteladas por la Dgaia— no se produjeron dimisiones ni ceses políticos porque, “aunque pueda parecer mentira”, no existían indicios detectables de aquellos abusos, si bien ha admitido que se habían identificado algunas brechas.
Durante su intervención, la exconsellera ha defendido la necesidad de “dotar las familias del máximo apoyo posible para que puedan ejercer su tarea parental en las mejores condiciones, en un sistema menos institucionalizado, más preventivo”.
Cleries ha llamado la atención sobre el incremento de menores no acompañados, ha criticado la “excesiva burocracia” y ha abogado por la equiparación salarial en el sector social, una mayor transparencia y un control más exhaustivo de los contratos-programa, además de insistir en la importancia de reforzar la acogida familiar.