QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Xarxa d’Entitats del Padró y PSC-Units, ERC, Comuns y CUP han firmado este miércoles un pacto en el Parlament en el que defienden el compromiso de garantizar el padrón a todas las personas que vivan en un municipio con independencia de su situación administrativa o del tipo de vivienda.
«Era necesario dar una respuesta colectiva, institucional y comprometida ante una vulneración flagrante y sistemática de los derechos básicos, que hace tiempo que se arrastra. El derecho al empadronamiento no es una arma para sacar réditos electorales», ha destacado Lluís Puigdemont, de la coordinadora de ONG solidarias de comarcas gerundenses.
Tras defender que el padrón es la puerta de acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la atención social, ha explicado que desde hace años han documentado «múltiples obstáculos, restricciones y prácticas irregulares que limitan o directamente impiden el empadronamiento a miles de personas en todo el territorio».
37 MUNICIPIOS
«El último recuento de la Xarxa habla de 37 municipios con vulneraciones documentadas, pero sabemos que la cifra real probablemente es superior», ha advertido, tras puntualizar que los impedimentos son mecanismos de discriminación que afectan, sobre todo, a personas migradas, familias sin vivienda y niños en situación de vulnerabilidad.
También ha defendido que con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP al pacto envían el mensaje de que en Catalunya «no se acepta que se vulneren derechos y que se normalice la segregación y la exclusión».
La defensora de la Ciutadanía de Santa Coloma y vicepresidenta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, Pepa González Lara, ha reivindicado que el padrón es «una obligación legal, una responsabilidad institucional y, sobre todo una cuestión de humanidad».
«La ley obliga a las administraciones locales a empadronar a toda persona que reside en el municipio con independencia de su nacionalidad, situación administrativa, estatus legal, el título por el que reside en una vivienda o la situación legal o física del mismo», ha añadido.
SOBRE JUNTS
Sobre que Junts no se haya adherido al pacto, la representante de Amnistía Internacional Catalunya Júlia Pérez ha explicado que intentaron buscar una amplio consenso parlamentario y que con la formación de Carles Puigdemont incluso hicieron un trabajo bilateral para intentar acomodar algunas de sus peticiones, sin éxito.
También se ha pronunciado al respecto Maria Creixell, de la coordinadora Obrint Fronteres, que ha lamentado que Junts no suscriba el pacto pese a los intentos hechos para que se sumara a ello: «Si no están es porque no han querido y puede que, más adelante, quieran. Entendemos que el contexto ha cambio respecto a cuando firmaron el pacto antifascista».
Tras reivindicar que buscan abrir nuevas vías de diálogo y estrategias para intentar solucionar casuísticas que ocurren en los municipios, ha asegurado que están abiertos también a interlocutar y buscar vías de colaboración con las entidades municipalistas.
«QUE SE CUMPLA LA LEY»
«Lo más triste es que estamos, simplemente, pidiendo que se cumpla la ley», ha recalcado Creixell, acompañada de otros representantes de entidades firmantes Cáritas de Catalunya y las Entitats Catalanes d’Acció Social y Justícia Social.
El pacto, además de reclamar el acceso universal al padrón, recoge el compromiso con el respeto a la legalidad vigente ya los derechos de la ciudadanía y la necesidad de que haya políticas de empadronamiento activo por parte de los municipios.
También reclaman la protección de la infancia y de los colectivos en situación de especial vulnerabilidad; transparencia e información pública; que el principio de la autonomía local no puede suponer una restricción o vulneración de derechos.
El último punto propone la creación de una comisión técnica de seguimiento, que se reunirá cada seis meses y que estará integrada por los diputados de los partidos firmantes, entidades social y sindicaturas locales.
