La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado que el Gobierno regional organizará el sistema sanitario “desde el rigor técnico” y no desde el “sectarismo y la imposición política” ante la puesta en marcha del registro de objetores a la interrupción voluntaria del embarazo.
En la sesión de control del Pleno de la Asamblea, y en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Raquel Barrero sobre este registro, la consejera ha reiterado que “vamos a asegurar la atención integral de las mujeres, pero sin perjudicar a lo más valioso que tenemos en este sistema sanitario, ni a presionar a esos profesionales que ejerzan libremente sus derechos”.
Matute ha recalcado que el Ejecutivo autonómico defenderá “una aplicación rigurosa de la jurisprudencia”, subrayando que esta deberá ser “compatible con los derechos constitucionales y otra serie de legislación de los profesionales”. Ha incidido en que desde la Comunidad de Madrid no se “va a poner en riesgo ni uno solo de sus derechos” y, en particular, el “derecho fundamental que está en el artículo 16 de la Constitución Española”.
La consejera ha recordado que el Gobierno regional sostiene la separación de poderes y, por ello, debe “acatar una medida cautelar”, pero ha puntualizado que “cualquier actuación” se basará “en primer lugar en el respeto absoluto y en la protección del carácter confidencial, individual y voluntario de la objeción de conciencia que, además, puede ser sobrevenida”.
Ha remarcado que todo el procedimiento deberá desarrollarse “sin señalamientos” y sin que exista “ninguna consecuencia laboral para los profesionales”, a quienes ha trasladado que “pueden estar tranquilos” con la actual Administración regional.
En su intervención, Matute ha contrapuesto la posición del Ejecutivo madrileño a la de otros grupos parlamentarios: “Frente a quienes plantean soluciones simplistas como ustedes, o soluciones coercitivas o inquisitoriales como los comunistas, aquí está el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no va a permitir que se vulnere ni uno solo de los derechos de aquellos que hacen grande nuestra sanidad”.
Por su parte, Raquel Barrero ha puesto en duda la “libertad” que defiende el PP cuando se trata de “defender un derecho fundamental como la objeción de conciencia”, y ha ironizado al afirmar que “les entra una prudencia exquisita”.
La diputada de Vox ha criticado también que la consulta pública sobre la creación del registro de objetores se hiciera pública en Jueves Santo, en lugar de “dar la cara y abrir un debate limpio sobre un tema tan sensible”. Ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obligó a la Comunidad a activar este registro al aceptar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Mónica García.
Según Barrero, “la sentencia del TSJM les ha dado una coartada perfecta para hacer lo que siempre hacen. Fíjense, no hacer nada y echar la culpa al otro”, y ha insistido en que este registro no es “una herramienta organizativa” sino “para señalar”.