PP y Vox han frenado este jueves en la Asamblea de Madrid las enmiendas a la totalidad registradas por Más Madrid y PSOE contra el Proyecto de Ley de Caza y Pesca, que continuará ahora su tramitación en la fase de comisión parlamentaria.
Si finalmente se aprueba, la Comunidad de Madrid contará con la primera ley autonómica específica para estas actividades, que reemplazará al antiguo marco estatal de 1970. El objetivo es reforzar la seguridad jurídica del sector y, al mismo tiempo, garantizar una mayor protección del entorno natural.
La propuesta establece por primera vez superficies mínimas para los cotos (250 hectáreas, salvo en la caza menor, que podrá autorizarse desde 50 hectáreas con justificación técnica) y prevé planes de control poblacional para que la administración pueda actuar sobre especies sobreabundantes, como jabalíes o conejos, fuera de los periodos ordinarios de caza cuando provoquen daños a la agricultura, a la seguridad vial o a la ganadería.
En defensa del texto ha intervenido el consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, quien ha recalcado que la caza y la pesca “desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de las zonas rurales”, por lo que pretenden asegurar “un marco jurídico estable y favorecedor de su impacto positivo en la economía local”.
Ha recordado que “la biodiversidad y la presencia de modalidades de caza y pesca han cambiado significativamente desde la antigua legislación. Creíamos que era el momento para que la ley incluyese y reforzase el compromiso con la sostenibilidad, la conservación de los hábitats y la planificación de la actividad, apostando por la restauración, el seguimiento de especies y la ordenación responsable de los recursos”.
Novillo ha puesto en valor, además, que el texto ha sido elaborado con aportaciones “de muchas manos y de diverso origen, que han servido para generar un texto sólido y bien construido” para la región, con la intención de impulsar “un futuro brillante para el sector rural, los pueblos y ecosistemas”.
Críticas de la izquierda a la nueva norma
Después ha intervenido el diputado de Vox Íñigo Henríquez de Luna, quien ha defendido que la caza es una “escuela de valores” y ha acusado a la izquierda de querer “ahogar todavía más en burocracia” al sector con “memorias, informes y permisos absolutamente para todo”.
Vox sostiene que la ley no es “esencial” y ha manifestado su preferencia por una regulación estatal frente a la “fragmentación autonómica”. No obstante, ha resaltado entre los elementos “positivos” la figura del “cazador tutelado” que permitirá que un “hijo acompañe a sus padres y se pueda formar en el arte de la caza”.
Por parte del PSOE ha tomado la palabra el diputado José Luis García, que ha justificado su oposición a la norma por la falta de “ningún rigor jurídicos” y no por una “posición contraria a la actividad cinegética”. “No estamos aquí para cuestionar la caza ni la pesca como actividades legítimas y necesarias”, ha enfatizado.
A su juicio, el texto incurre en un error de enfoque legislativo, al existir realidades muy distintas entre caza y pesca y plantearse una “subordinación” de una a la otra en la ley. También critica la ausencia de reconocimiento de la función social de la caza y, en tercer lugar, la falta de “una planificación territorial de la actividad cinegética”.
En nombre de Más Madrid, Antonio Sánchez ha rechazado la propuesta al considerar que se renuncia a “regular el aprovechamiento cinegético y piscícola desde na visión moderna del SXXI” orientada a “minimizar su impacto sobre el medio ambiente y, en particular, la biodiversidad”.
Ha censurado que “se hace todo un relato y una construcción artificiosa para establecer que la caza es una herramienta imprescindible para garantizar el mantenimiento y mejora de las poblaciones de animales silvestres”, y ha añadido que, aunque no niega el impacto económico de la caza y la pesca en el territorio, este es “muy inferior al del resto de sectores”.
Claves de la nueva Ley de Caza y Pesca
La norma, según explicó el consejero de Medioambiente en marzo, cuando el Anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno, simplifica en materia de pesca la clasificación de las aguas, que quedarán reducidas a tres tipos: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Asimismo, presta una atención específica a especies emblemáticas como la trucha en los ecosistemas fluviales, y a otras de interés para los pescadores en embalses y tramos bajos de los ríos, como la carpa o el lucio.
Entre las novedades más destacadas figuran los Planes de Control Poblacional, una herramienta pensada especialmente para los ayuntamientos, que podrán gestionar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo fuera de los periodos ordinarios de caza para evitar perjuicios en la agricultura. En el ámbito de la seguridad, se incrementa la distancia mínima respecto a los núcleos de población de 100 a 150 metros, manteniendo el resto de restricciones actuales.
Digitalización, sanciones y alcance territorial
La futura ley también impulsa la digitalización del sector con la implantación de licencias electrónicas y procedimientos administrativos telemáticos, con el fin de agilizar los trámites y facilitar el control de la actividad.
Se revisa igualmente el régimen sancionador: las infracciones leves se sancionarán con multas de entre 200 y 1.000 euros; las graves, con importes de entre 1.000 y 10.000; y las muy graves, con cuantías de entre 10.000 y 80.000 euros.
El proceso de elaboración de la ley ha incluido una amplia participación y numerosos informes técnicos y sectoriales, entre ellos los relativos a impacto ambiental, cambio climático, salud pública, género, familia y coordinación normativa.
De esta forma, se unifican en un solo marco legal los elementos básicos de la actividad cinegética y piscícola, consideradas motores del desarrollo rural y una herramienta en la lucha contra la despoblación.
En la Comunidad de Madrid, cerca del 69% del territorio —576.000 hectáreas— está catalogado como terreno cinegético, con unas 50.000 licencias de caza vigentes.
En cuanto a la pesca, la región dispone de alrededor de 46.000 licencias activas y 24 tramos regulados que suman casi 130 kilómetros, algunos de ellos gestionados en colaboración con las entidades locales.