En el año 2024, el 74,8% de las interrupciones voluntarias del embarazo en Navarra se llevaron a cabo en instalaciones del sistema público, reveló Fernando Domínguez, consejero de Salud del Gobierno de Navarra, durante una sesión en el Parlamento foral tras una interpelación del PSN.
Domínguez afirmó que esta práctica es «un derecho totalmente garantizado para todas aquellas mujeres que quieren ejercerlo» y aseguró que el gobierno regional se compromete a mantener esta política. «Es nuestra responsabilidad, puesto que hay una ley que así lo dicta y tal cual se establece en dicha norma se hace en nuestra comunidad, y esto es lo más importante y lo que no tenemos intención de cambiar, porque es un derecho», explicó el consejero.
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, en Navarra el 97% de las veces se proporcionó información adecuada sobre el proceso en el sistema público. Domínguez también destacó que Navarra es una de las cuatro comunidades donde más ha crecido el número de estas intervenciones en centros públicos, pasando del 0,98% en 2015 al 74,8% actual.
Durante 2024, se registraron 1.017 interrupciones en la región, con la mayoría antes de la semana 8. Por su parte, la parlamentaria del PSN, Maite Esporrín, denunció las «constantes agresiones hacia la libertad y derechos de las mujeres» y criticó a UPN por bloquear en el Senado una moción a favor de la reforma constitucional para garantizar este derecho.
Isabel Olave de UPN acusó al debate de ser una distracción de otros temas importantes como la corrupción, mientras que representantes de EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin defendieron la importancia de mantener y proteger los derechos sexuales y reproductivos. En contraste, Emilio Jiménez de Vox argumentó por la derogación de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, refiriéndose a ella como «infame».