El PP y varias comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' han defendido este miércoles en el Senado una propuesta que, entre otros aspectos, reclama una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre, paralizando “cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición”.
Este planteamiento figura en uno de los apartados de la iniciativa registrada por el PP en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, con la que persiguen elevar al Pleno la suspensión de la demolición de los inmuebles afectados por la Ley de Costas.
En la defensa de esta propuesta han participado también los consejeros de Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunitat Valenciana y Baleares, que han acudido a la Comisión de CCAA a instancias del PP para abordar la aplicación de la normativa de costas.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha detallado que se plantea una moratoria para el derribo de todas las edificaciones sujetas a la Ley de Costas, “que puedan implicar cualquier tipo de limitación o pérdida de los derechos de propiedad privada o concesionales de los ciudadanos que se encuentren afectados por los procedimientos antes citados”.
La propuesta de los 'populares' incluye diez medidas y, entre otras cuestiones, exige “una revisión ordenada, seria y consensuada” de la Ley de Costas y del conjunto de la normativa del litoral, además de solicitar “la convocatoria de manera urgente” de la Conferencia Sectorial.
El PP prevé utilizar su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante esta iniciativa en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que posteriormente se remitirá al Pleno para su convalidación definitiva.
MUS: “EL MODELO NECESITA UNA ACTUALIZACIÓN PROFUNDA”
En representación de la Comunitat Valenciana, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha defendido en su intervención en el Senado la conveniencia de impulsar una nueva Ley de Costas que se adapte a la realidad actual del litoral español, tanto desde el prisma ambiental como desde el reparto de competencias. “No se trata de cuestionar el objetivo de proteger, sino de reconocer que el modelo necesita una actualización profunda”, ha subrayado.
Mus ha remarcado que ocho de las diez comunidades con fachada al mar ya disponen o han solicitado la transferencia de competencias en esta materia, lo que, a su juicio, demuestra que el mapa competencial ha variado de forma notable desde la aprobación de la ley vigente en 1988. “Por eso, desde la Comunitat Valenciana defendemos con claridad que no basta con modificar el reglamento; necesitamos una nueva ley”, ha afirmado.
Asimismo, ha reiterado que la propuesta del Consell no busca rebajar las garantías ambientales, sino perfeccionar el modelo: “No pedimos menos protección. Pedimos mejor protección, más eficaz, más cercana y más adaptada a cada territorio”.
Entre las principales conclusiones expuestas, Mus ha indicado que el esquema actual presenta “tensiones evidentes”, tras casi cuatro décadas de vigencia, como la regresión continuada del litoral, la inseguridad jurídica en los deslindes que aboga por superar y la desactualización del reparto competencial.
Frente a este escenario, la Generalitat plantea una nueva regulación que permita reordenar las competencias, acotando la intervención del Estado a ámbitos como los deslindes y las obras de interés general, y avanzando hacia una gestión más cercana desde las autonomías. También aboga por reforzar la seguridad jurídica, evitar ampliaciones del dominio público basadas en episodios extraordinarios aislados y fijar criterios objetivos en el régimen de concesiones, incluyendo el reconocimiento de concesiones compensatorias.
El conseller ha recordado que el litoral valenciano constituye “un espacio estratégico” para la Comunitat Valenciana, donde “se concentra más del 70% de la población, con 500 kilómetros de costa y una importante actividad económica y turística”. Ha señalado que alberga espacios de gran valor ambiental, como parques naturales, zonas húmedas y áreas integradas en la Red Natura 2000, donde confluyen biodiversidad, actividad económica y vida cotidiana.
La propuesta de la Generalitat incorpora un enfoque integral de la gestión del litoral, con actuaciones como la protección de núcleos tradicionales de valor etnológico y cultural, la gestión coordinada de sedimentos con las cuencas hidrográficas y la revisión del régimen económico para destinar los ingresos generados por el dominio público a su conservación.
RECURSO DEL GOBIERNO A LA LEY DE LA COSTA VALENCIANA
Durante su intervención en la Cámara Alta, Mus ha señalado que la Comunitat ya dispone de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que ha asegurado que se fundamenta en el equilibrio entre “protección ambiental, seguridad jurídica y ordenación territorial”. Esta norma, ha recalcado, “no invade competencias estatales, sino que actúa de forma complementaria dentro del marco constitucional”.
En este contexto, ha reprochado que el recurso del Gobierno contra la normativa autonómica responde a planteamientos “basados en hipótesis y no en el contenido real de la ley”, mientras ha defendido que la legislación valenciana respeta “plenamente” la normativa estatal y la titularidad del dominio público marítimo-terrestre.
Coincidiendo con la celebración del pleno en el Senado, Vicente Martínez Mus y otros responsables autonómicos se han reunido con representantes de las asociaciones de afectados por la regresión de la costa.