Compromís ha acusado a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, de manipular los registros oficiales sobre la lista de espera de personas dependientes en la Comunitat Valenciana, alegando que mientras el departamento de Camarero indica que hay aproximadamente 12.000 personas en espera, el Observatorio Estatal de la Dependencia reporta más de 33.000 afectados.
«Es inaceptable que se oculten más de 20.000 personas dependientes que esperan una respuesta a su situación. El gobierno de Carlos Mazón solo ha necesitado dos años para situar a nuestra autonomía a la cola de la atención a las personas más vulnerables. La prioridad de Camarero no son las personas más vulnerables, es salvarle el cuello a Mazón a base de mentiras reiteradas», declaró Nathalie Torres, portavoz de Servicios Sociales de la coalición valencianista.
Compromís también ha señalado que los municipios son los primeros en registrar las peticiones de dependencia, pero han advertido que «están viendo cómo estas no son validadas durante meses por el departamento de Camarero, lo que impide que se inicie el proceso de valoración de las personas y su contabilización en la lista de espera».
Además, se menciona un recorte en el personal de Servicios Sociales por parte del Consell, con una reducción de medio millón de euros para el personal de la Conselleria, lo que dificulta aún más la validación de las solicitudes. Como resultado, el tiempo medio de espera para resolver un expediente en la Comunitat «asciende ya a 312 días, casi un año, superando ampliamente el límite legal de 180 días que marca la normativa».
«Las personas en situación de dependencia no pueden ser tratadas como un expediente más, son ciudadanos con derechos que merecen ser atendidos de manera inmediata. Las familias no pueden seguir esperando mientras se les responde con excusas y mentiras. Necesitan atención y soluciones reales», enfatizó.
La coalición también ha destacado que «el colapso burocrático también afecta casos en los que las personas necesitan un recurso diferente del que ya tienen asignado»: «Por ejemplo, personas mayores que han empeorado y requieren un grado mayor de atención, o personas con discapacidad que necesitan pasar de una ayuda domiciliaria a una residencia. Para Camarero no existen y son personas que necesitan una respuesta rápida por su cambio de situación».
Y concluye: «Seguiremos exigiendo respuestas en sede parlamentaria a un gobierno presidido por un negligente y que tiene como mano derecha a una señora incapaz de gestionar un área tan fundamental como los Servicios Sociales».













