QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez ha tildado de «esperpéntico» el auto del juez del denominado ‘caso Begoña Gómez’, Juan Carlos Peinado, contra el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y ha recordado que la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra está viviendo uno de los casos más duros de ‘lawfare’, para afear al PSOE su «silencio cómplice» al respecto.
«Creo que el PSOE tiene que entender que si quiere que luchemos juntos contra las cloacas, si quiere que juguemos juntos a democratizar este país, tiene que ser más contundente con los casos de corrupción», ha lanzado Ibáñez en referencia al caso Koldo.
Sumar, grupo del que forma parte este diputado en el Congreso, ha denunciado este martes lo que considera una «operación de desestabilización organizada» por parte de determinados sectores del Poder Judicial contra el Gobierno. El juez Peinado ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo que investigue a Bolaños por presuntos delitos de malversación y falso testimonio por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente del Gobierno.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha tildado de «poco serias» las investigaciones judiciales «que empiezan basadas en bulos o en noticias de pseudomedios», por lo que esperarán a lo que resulte de ese procedimiento de investigación.
Así lo ha manifestado esta mañana en una rueda de prensa, preguntada por los periodistas, donde ha recordado que ella tiene experiencia en el ámbito de la función pública y que se ha dedicado a investigar «en múltiples ocasiones» casos desde la Inspección del Trabajo.
Asimismo, el portavoz adjunto de Sumar y dirigente de IU, Enrique Santiago, enmarca la petición de investigación judicial a Bolaños en una «operación de desestabilización francamente constante y muy organizada» por parte de sector del poder judicial, «que están intensamente comprometidos» con ella.
«Estos días vamos a vivir una huelga de jueces política. No es una huelga que vaya a reivindicar mejora de las condiciones de trabajo, es una huelga para coaccionar a uno de los poderes del Estado, al poder legislativo, y ordenarnos cómo tenemos que legislar. Probablemente el Poder Judicial ha olvidado que el único poder del Estado elegido por los ciudadanos en España es el poder legislativo», ha apostillado.
Por su parte, el coportavoz de los ‘Comuns’, Gerardo Pisarello ha afirmado que jueces como Peinado o García Castellón, «que están al borde de la jubilación», ven «fantasmas donde nadie los ve». Por ello, considera «discutibles» los cargos que el primer juez imputa a Bolaños y que achaca a que el ministro «puede acabar con algún privilegio de la magistratura» con las reformas que está impulsando en el ámbito judicial.
«Es tremendamente atípico investigar de un falso testimonio cuando no hay prueba jurídica sobre la falsedad de unos declaraciones. No hubo informes ni los Cuerpos policiales dijeron nada al respecto. Estamos ante la ejecución de eso del que pueda hacer que haga», ha dicho en una rueda de prensa Pisarello sobre la conocida frase del expresidente del Gobierno José María Aznar, a quien ha acusado de «meter a España en una guerra ilegal con muchas mentiras».
RECHAZO AL USO DE LA JUSTICIA PARA «ATACAR AL GOBIERNO»
En declaraciones también en el Congreso, la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha expresado todo su respeto al Poder Judicial cuando hace sus instrucciones en base a pruebas e indicios, pero también su «rechazo» cuando se hace «un uso instrumental de la justicia para atacar al Gobierno. «Creo que el señor Peinado le está haciendo un flaco favor a sus compañeros de profesión», ha remachado.
Mientras, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señalado que ya no le sorprende la actuación de este juez y ha trasladado «tranquilidad» dado que al final «se esclarecerá la realidad».
Aparte, ha denunciado que la izquierda alternativa ha sufrido en la última década «una auténtica oleada de querellas falsas» y la acción de la «Policía Patriótica» sometiendo a un «asedio injustificable» a líderes de este espacio como Pablo Iglesias, Irene Montero, Mónica Oltra o Ada Colau.
