QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La presidenta del Consell Jurídic Consultiu (CJC), Margarita Soler, ha recordado que cuatro de los seis consejeros de la institución están pendientes de renovar desde octubre de 2022 porque los grupos políticos de Les Corts “no se han puesto de acuerdo” para ello, aunque ha asegurado que funcionan “con total normalidad” y que no les “afecta para nada”.
Así lo ha trasladado a los periodistas tras entregar a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, y a la Mesa del parlamento valenciano la memoria de 2024 de la institución consultiva de la Generalitat, los ayuntamientos de la Comunitat y universidades y otras entidades en materia jurídica. Próximamente la entregará al jefe del Consell, Carlos Mazón.
Preguntada por si es el momento de abordar la renovación de los consejeros con mandatos caducados, como es su caso porque fue nombrada por el ‘expresident’ Ximo Puig, Soler ha indicado que hay cuatro de seis puestos que están “pendientes de acuerdo por parte de Les Corts”.
“Como he dicho en otras ocasiones, esto depende de la política y de los grupos políticos que desde octubre de 2022 no se han puesto de acuerdo”, ha señalado, ya que ha recordado que la ley del CJC establece “unos plazos y unas mayorías que debe cumplir esta casa» (Les Corts).
Por tanto, ha admitido que los grupos parlamentarios llevan “bastante tiempo de retraso”, de hasta dos años y medio, para “ponerse de acuerdo” en la renovación.
La primera mujer al frente del CJC ha remarcado que la institución trabaja “con total normalidad” y que a los consejeros no les “afecta para nada” en el funcionamiento interno la falta de acuerdo para abordar la renovación. “La prueba de ello”, ha subrayado, es la memoria de 2024.
“Tomamos las mismas decisiones porque son decisiones en derecho. Las decisiones políticas les corresponden a esta casa y estaremos a lo que los grupos parlamentarios decidan”, ha abundado.
MEMORIA
La memoria de 2024 recoge que el CJC elaboró un total de 710 dictámenes durante el pasado ejercicio, dos de ellos respecto a anteproyectos de ley y 56 sobre proyectos de reglamento. Uno de ellos fue sobre un recurso de inconstitucionalidad ante un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional presentado por el Consell a la Ley de Amnistía del Gobierno.
La mayoría de dictámenes (411) fueron relativos a reclamaciones por responsabilidad patrimonial, mientras 134 fueron revisiones de oficio, 54 sobre contratos administrativos, 28 consultas facultativas, 18 sobre urbanismo, cinco recursos extraordinarios de revisión y un último sobre otra materia.
Respecto a la procedencia de las consultas, hasta 264 de los 710 dictámenes (37%) fueron emitidos a petición de la Conselleria de Sanidad, casi el mismo volumen que los solicitados por los ayuntamientos (274).
Entre el resto de departamentos del Consell, Presidencia solicitó cuatro dictámenes frente a 26 de la Conselleria de Educación, 22 de Justicia, 21 de Servicios Sociales, 20 de Medio Ambiente, 18 de Hacienda, 14 de Agricultura, tres de Innovación y uno de Emergencias.
En cuanto a la cantidades reclamadas por el CJC durante 2024 por responsabilidad patrimonial, la mínima fue de un total de 9.255,56 euros y la máxima de 5.732.012,22 euros.
