QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Efpia, la patronal europea de la industria farmacéutica, ha anunciado que impugnará ante el Tribunal General de la UE la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, que fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 12 de diciembre. El objetivo es lograr una mayor claridad sobre la decisión de que sean las industrias farmacéutica y cosmética las que paguen al menos el 80% del coste de eliminación de contaminantes -como microplásticos y productos químicos- de las aguas residuales. La impugnación se realiza junto a la patronal europea Cosmetics Europe.
El coste estimado, según la Comisión Europea, es de 1.200 millones de euros al año. Pero, como ha publicado Financial Times, solo en Alemania el importe se elevaría hasta los 1.250 millones de euros, según datos de la agencia medioambiental germana.
Nathalie Moll, directora general de Efpia, ha explicado que el objetivo de la impugnación es “buscar claridad jurídica sobre la Directiva tras haber intentado, sin éxito, obtener de la Comisión Europea una aclaración sobre la justificación para responsabilizar únicamente a las industrias farmacéutica y cosmética de la contaminación del agua en Europa, a pesar de las pruebas que sugieren que deberían incluirse a otros sectores”.
Ya el pasado mes de diciembre, Efpia hizo público un comunicado junto a la Asociación de la Industria Europea del Autocuidado (Aesgp) en el que señalaba que se respaldaban los objetivos generales de la Directiva, estando “totalmente comprometidos con su aplicación de forma eficiente y responsable”. Sin embargo, se indicaba la “enorme” preocupación por su impacto negativo “en el acceso de los pacientes a los medicamentos y la competitividad global del sector farmacéutico en Europa”.
El motivo es que, desde el punto de vista de ambas instituciones, el texto aprobado “no cumple con los principios de la UE de ‘quien contamina paga, proporcionalidad y no discriminación’. La decisión arbitraria de que sólo dos sectores paguen por la contaminación causada por otros no incentiva el desarrollo de productos más ecológicos por parte de los sectores industriales que por su actividad impactan en el medioambiente, lo que debilita el Pacto Verde Europeo”.
Jurate Svarcaite, director general de Aesgp, ha recalcado que se va a hacer “todo lo posible por proteger el medioambiente: es una obligación social de la que todos somos responsables. Sin embargo, nos parece desproporcionado que la modernización de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como su funcionamiento continuo, deban ser financiadas únicamente por dos sectores. El texto legal sigue sin responder a una serie de preguntas que pueden afectar significativamente a los costes generales de la política de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR en sus siglas en inglés). Por lo tanto, es fundamental que la industria farmacéutica asuma el liderazgo en la aplicación de la Directiva, de forma que sea asumible, no discriminatoria y equitativa, al tiempo que se garantiza la disponibilidad y accesibilidad de tratamientos de calidad para la población”.
Algunos países, como España, han reportado la necesidad de respetar plenamente el citado principio de que ‘quien contamina, paga’ y muestran preocupación por los costes que supondrá la aplicación de la política de Responsabilidad Extendida del Productor, por el hecho de que sólo se hayan designado a estos dos sectores para financiar estos costes y por el impacto no deseado en la disponibilidad de los medicamentos. Incluso, estos Estados han solicitado a la Comisión Europea que realice una evaluación urgente del impacto de la Directiva centrándose especialmente en los medicamentos.
Farmaindustria y las patronales anefp y Aeseg están colaborando junto a los ministerios de Transición Ecológica e Industria para presentar sus propias alegaciones a la Directiva, que está centrada en las aguas residuales domésticas, contaminadas por medicamentos eliminados por la orina humana o por el lavado de los cosméticos, obviando a otras industrias que también contaminan el agua, como las fábricas.
El objetivo es eliminar los microcontaminantes -como antibióticos, pesticidas, hormonas, metales pesados o microplásticos- con el denominado tratamiento cuaternario. Para lograrlo, se usan tecnologías como la adsorción con carbón activado, la ósmosis inversa y la nanofiltración, la oxidación avanzada o la electrocoagulación y la electrooxidación.
La Comisión Europea, en una declaración institucional, acotó a los residuos farmacéuticos y cosméticos provenientes de los hogares como principales fuentes de microcontaminantes persistentes detectados en las aguas residuales urbanas. Según su criterio, sin los residuos de ambos sectores, no serían precisos tratamientos cuaternarios adicionales.
En paralelo a la iniciativa de Efpia, el último movimiento se produjo hace dos semanas, cuando diez laboratorios fabricantes de medicamentos genéricos anunciaron que van a iniciar acciones legales contra las instituciones europeas a causa de la Directiva, especialmente por la Responsabilidad Ampliada del Productor. Medicines for Europe, la patronal europea de genéricos, anunció que respalda la acción legal.
