«El Congreso no puede seguir cerrado y el Gobierno sin control». Con estas palabras en su perfil de la red social X (antigua Twitter), la portavoz de Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, proseguía ayer la escalada contra el PSOE iniciada desde hace semanas por los populares contra la presidenta de la Cámara Baja. El PP viene reclamando a Francina Armengol la activación de las comisiones permanentes, un calendario de sesiones, la celebración de sesiones de control y que comparezcan en el Pleno miembros del Gobierno.
A juicio del Partido Popular la actitud de los socialistas es «injustificable» y la situación es de «parálisis institucional», mientras que desde el PSOE rechazan las acusaciones de «secuestro» lanzadas hace días por el partido de Alberto Núñez Feijóo. Pero, ¿cuánto hay de anómalo en la situación que vive el Congreso en este arranque de legislatura? Lo cierto es que desde mayo de 1979, cuando se constituyeron las Cortes Generales de la I Legislatura, nunca se había tardado tanto en constituir las comisiones permanentes legislativas en el Congreso de los Diputados, órganos con capacidad de legislar y ejercer funciones de control, para los que todavía no hay fecha en esta legislatura.
Desde el inicio de la actual legislatura, el pasado 17 de septiembre, han transcurrido ya 58 días —dentro de periodos ordinarios de sesiones, ver metodología al final del artículo— sin que echen a andar las comisiones legislativas (las que suelen ir ligadas a la estructura ministerial del Gobierno). Y el número será todavía mayor. La próxima semana no se constituirá ninguna de ellas, por lo que ya no tendrán lugar antes del 6 de noviembre (habrán pasado otros diez días, un total de al menos 68).
Más de dos meses sin comisiones
El anterior récord databa de la VI Legislatura (1996-2000), la primera de José María Aznar, cuando el Congreso tardó 50 días en celebrar la sesión constitutiva de cada una de las comisiones legislativas. Entonces, el que fuera presidente del Gobierno, necesitó semanas para negociar con el PNV y con CiU los apoyos necesarios para su investidura y no fue hasta días después cuando se pusieron en marcha los órganos de la Cámara Baja. Y algo más de una cuarentena (41 días) fue necesaria en la XIII Legislatura (mayo-septiembre de 2019), que acabó de forma automática al no ser posible investir a un presidente, también con mayoría del PSOE y el espacio a su izquierda (Unidas Podemos) en la Mesa del Congreso.
INCUMPIMIENTO SISTEMÁTICO DE UNA LEY ORGÁNICA El Reglamento del Congreso, en su artículo 46.3, fija un plazo para la constitución de las comisiones permanentes (tanto para las legislativas como para las de Reglamento, Estatuto de los Diputados y Peticiones): "los diez días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso". Pese a que el texto tiene el rango de ley orgánica, la Cámara Baja viene incumpliendo de forma sistemática los tiempos reglamentarios legislatura tras legislatura.
Para el resto de periodos desde la restauración democrática, el tiempo requerido para poner en funcionamiento las comisiones legislativas rondó el mes, incluso en la primera legislatura fallida, la XI (enero-mayo de 2016), cuando apenas pasaron tres semanas (solo tres días si se descuentan las jornadas en periodo extraordinario, cuando en principio no está prevista actividad en la institución).
Por parte del Gobierno en funciones también se rechazan las acusaciones lanzadas desde las filas del PP de no estar sometidos al control de las Cortes. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, aseguraba hace un par de días que en este tiempo el Ejecutivo ya ha respondido a 333 preguntas escritas de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, «incluidos esos que se quejan de que no hay control».
Sin acuerdo sobre su composición
Esta misma semana, el Congreso constituía sus dos primeras comisiones de la legislatura, ambas de carácter técnico: la del Estatuto de los Diputados y la de Peticiones. El PP lo venía solicitando desde hace un tiempo. Los populares contraponen la situación en la Cámara Baja con la del Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta. Allí, las comisiones permanentes no legislativas equivalentes a las del Congreso de los Diputados celebraron su primera sesión hace casi un mes, además de la General de las Comunidades Autónomas, que ya se convocó para un primer debate con presidentes autonómicos, hace una semana.
Más allá de la demora, la creación del par de comisiones ya constituidas en la Cámara Baja no requiere de grandes negociaciones: su composición viene determinada por el Reglamento, por lo que no es necesario el acuerdo entre los grandes partidos en cuestiones sobre el tamaño del órgano o el reparto de cuotas. Esos dos aspectos estarían complicando la formación de más comisiones, al rechazar el Grupo Popular la propuesta del PSOE distribución entre los diferentes grupos de los 37 vocales que propone la mayoría de la Mesa para cada uno de los órganos restantes.
La última oferta del PSOE consiste en seguir un criterio estrictamente proporcional al del número de diputados que tiene cada formación en el Pleno, el mismo acordado para la Diputación Permanente, también constituida este último miércoles.
Cuarto periodo más largo sin sesiones de control
La celebración de plenos con control al Gobierno, lo que popularmente se conoce como «sesión de control», es otra de las actividades que el PP exige retomar en el Congreso a la mayor brevedad posible. La última tuvo lugar a mediados de mayo, una semana antes de los comicios municipales y autonómicos tras los que Pedro Sánchez decidió convocar elecciones generales.
164 días son los que llevan Sánchez y su gabinete sin responder preguntas de control ante el Pleno del Congreso (102 en periodo ordinario). La cifra seguirá aumentando mientras la Mesa de la Cámara siga sin convocar plenos para ello, lo que sucedería ya como pronto la semana del 13 de noviembre (habrán pasado al menos 179 días, 117 en periodo ordinario). Este lapso de tiempo sería el cuarto más amplio sin sesiones de control en la democracia reciente. Si se miden los días pasados entre el inicio de cada legislatura y la fecha de la primera sesión de control, habrán pasado como poco 88 días (75 en periodo ordinario), el tercer mayor intervalo tras las dos legislaturas que arrancaron en 2016 (con Mariano Rajoy).
En lo que va de legislatura, la institución solo se ha reunido para su constitución, para la reforma del Reglamento que introducía el uso de lenguas cooficiales y para la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo.
Pedro Sánchez también protagonizó el tercer mayor lapso temporal sin someterse a las preguntas de los diputados. Fue entre las legislaturas XII y XIII, en 2019. En febrero de aquel año, el actual presidente en funciones decidía finalizar de forma abrupta a su mandato tras no conseguir aprobar los presupuestos generales del Estado y tras una manifestación de PP, Ciudadanos y Vox en la Plaza de Colón, en Madrid. Sánchez y sus ministros fueron a responder al pleno el 27 de febrero. No volverían a hacerlo hasta el 11 de septiembre, 196 días después (134 en periodo ordinario), apenas un par de semanas antes de que se disolvieran de forma automática las Cortes, de nuevo por la incapacidad de investir un presidente.
Por aquel entonces, el PP también denunció lo que consideraba una falta de control por parte del Ejecutivo ante las Cámaras, dado que las nuevas Cortes Generales se habían constituido en mayo, cuatro meses antes.
Rajoy, récord sin control ante el Pleno
No obstante, es un presidente del PP, Mariano Rajoy, quien tiene la plusmarca de tiempo sin someterse a una sesión de control en el Pleno. Fue en el año 2016, cuando el Ejecutivo en funciones se negó de forma sistemática a responder de forma oral a las preguntas registradas para ello por los diputados de la oposición. El entonces presidente en funciones alegaba que las Cortes de la XI Legislatura y las de la XII (antes de que fuera de nuevo investido) no eran las que le habían otorgado su confianza y el mandato presidencial por lo que entendía que no era procedente el control por parte de esa Cámara.
Así, pasaron 399 días desde que Rajoy respondiera preguntas en el Pleno por última vez en la legislatura de su mayoría absoluta (el 21 de octubre de 2015) y la primera sesión de control de la XII Legislatura, el 23 de noviembre de 2016, una vez ya revalidado el mandato gracias, entre otros, a la abstención de la mayoría de la bancada socialista. En total, 298 días si se descuentan las jornadas fuera del periodo ordinario de sesiones.
La cuestión llegó al Tribunal Constitucional, que en su sentencia 124/2018 resolvía el conflicto entre los dos órganos constitucionales (Gobierno y Congreso), que declaró que el Ejecutivo había vulnerado la atribución que la Constitución confiere a la Cámara Baja en su artículo 66.2, en lo que al control de la acción del Gobierno.
METODOLOGÍA: ASÍ SE HIZO ESTA INFORMACIÓN A efectos de calcular los días transcurridos para la constitución de las comisiones legislativas y de celebración de sesiones de control (lapso entre legislaturas y primera sesión de control de cada legislatura) se han computado únicamente los días de los periodos ordinarios de sesiones, que son los previstos por el Reglamento del Congreso para que el Congreso se reúna. Así, el texto reglamentario establece en su artículo 61 que la Cámara Baja se "reunirá anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio". Por lo tanto, a la hora de hacer los cálculos, si un intervalo de tiempo incluía los meses de enero, julio o agosto, esas jornadas han sido descontadas. También se ha hecho con la última semana del año, por incluir varios festivos de Navidades. De esa forma se han descontado los efectos de que el inicio de una legislatura o sus compases iniciales caigan en periodo estival o en el primer mes del año, fechas que en principio no tienen que ser "hábiles" a efectos de trabajos parlamentarios.