Ni una elección al Congreso igual a las anteriores, una máxima de la contienda electoral desde la irrupción del multipartidismo que también puede valer para la próxima convocatoria, la generales del 23 de julio, donde el rendimiento de cada partido en las urnas vuelve a estar lleno de interrogantes. Si en 2015 competían por primera vez cuatro grandes formaciones a nivel nacional, en 2016 a punto estuvo de quedar relegado a la tercera plaza uno de los dos partidos tradicionales (Unidas Podemos se quedó a punto y medio del PSOE). En abril de 2019, se vivió de nuevo una ajustada lucha por el segundo y tercer puesto, esta vez en el espectro ideológico del centroderecha (el PP superó por apenas ocho décimas a Ciudadanos) y, además, entraba un quinto jugador en liza: Vox.
Meses más tarde, la repetición electoral también trajo novedades. Iñigo Errejón reivindicaba su espacio y con Más País ya eran hasta seis las candidaturas que pujaban por hacerse con su parte del reparto de escaños en los territorios de mayor tamaño. Investiduras fallidas al margen, tras casi cuatro décadas de bipartidismo, el ciclo político inaugurado en 2015 ha dejado nuevas siglas capaces de medirse de tú a tú con socialistas y populares. Varios lo intentaron antes, pero siempre chocaron con las principales peculiaridades del sistema electoral del Congreso: una cámara de 350 escaños, con la provincia como circunscripción, y una distribución de actas que produce no pocos desequilibrios entre el censo de población y la cuota de representación política correspondiente a cada territorio.
Un sistema con sesgo ideológico
Fruto de lo anterior es un sistema que sobrerrepresenta a las grandes formaciones, con otra particularidad significativa, un sesgo ideológico que hace más competitivos a quienes cosechan buenos resultados en unas cuantas provincias donde históricamente el elector es de corte conservador. Sobre ese tablero, ¿qué cabría esperar para el 23-J? No es el objeto de esta información hacer predicciones numéricas sobre el resultado de cada partido en los comicios de julio. Sin embargo, un análisis del funcionamiento del sistema electoral de la Cámara Baja y de su comportamiento en perspectiva histórica sí deja certezas y claves para diferentes escenarios que se podrían dar. Con una competencia electoral afianzada en una dinámica de bloques, tres son los aspectos que pueden determinar el color (o los colores) del próximo Ejecutivo.
- Quién queda en los primeros puestos de cada provincia.
- La distancia (en puntos de voto) que le saque el primero a sus rivales inmediato (las diferencias entre PSOE y PP en buena parte de la geografía).
- Dentro de cada bloque, cómo se distribuyan geográficamente los votos de las fuerzas que están llamadas a tener el papel de socio minoritario en los eventuales gobiernos de coalición: Vox y el Movimiento Sumar liderado por Yolanda Díaz.
No mires a D’Hondt (ni a los nacionalistas)
Para avanzar en la comprensión de los datos, antes es necesario desterrar dos mitos asentados en el imaginario: ni el método d’Hondt es el culpable de que tradicionalmente los cientos de miles de sufragios para Izquierda Unida (IU) se tradujeran en unos pocos parlamentarios, queja extendida más tarde a las filas de UPyD o de Ciudadanos, ni las formaciones nacionalistas o independentistas tienen más representación de la que les corresponde.
Una métrica para evaluar un sistema electoral puede ser su proporcionalidad, definida en este caso como la diferencia que hay entre las cantidades de escaños y votos obtenidos por cada candidatura. En el caso del Congreso, el resultado es el castigo histórico a aquellos partidos de ámbito nacional que se han movido en cotas de voto por debajo del 15%, a cuya costa han engordado los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, en especial a medida que pasan del 25% de las papeletas.
Esto explica también el rendimiento de aquellas formaciones de ámbito regional, cuya presencia se reduce a una sola provincia o una comunidad autónoma. Se trata de proyectos capaces de competir por puestos que dan acceso al reparto de escaños y que además concentran sus apoyos en unas pocas plazas, por lo que no acumulan votos que quedan sin representación a lo ancho y largo del país.
Es lo que sucede con PNV y EH Bildu en el País Vasco, o el espacio de la extinta CiU y ERC, en Cataluña, pero también con la agrupación de electores Teruel Existe, que con menos de 20.000 sufragios, todos en la provincia turolense (el 0,08% del total nacional) ha gozado en la última legislatura de los mismos escaños que Compromís (con más de 176.000 votos). En contraposición pueden mencionarse las experiencias del PACMA, en abril de 2019 (328.000 papeletas y 0 escaños); o de IU en 2015 (926.783 y tan solo dos actas).
Convertir votos en escaños
Junto a los nacionalistas, un tal d’Hondt es el otro gran aludido en la búsqueda de culpables tras una mala noche electoral. La mención se hace en referencia a la mal denominada “ley d’Hondt”, que en realidad no es más que un método matemático para decidir cómo se traducen en escaños los votos recogidos por cada partido en un territorio. Si bien existen otras fórmulas para hacer dicha conversión, no es el uso de la propuesta en su día por el jurista belga Victor d’Hondt la causante de los desequilibrios en España entre el apoyo popular y la cuota de representantes conseguida.
O no lo es al menos en el grado de responsabilidad que sí cabría achacar a la Constitución Española y a la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
EL MÉTODO D'HONDT Terminado el escrutinio, la LOREG determina que para entrar en el reparto de escaños de una circunscripción, una candidatura tiene que haber sacado al menos un 3% de los votos válidos (votos a candidaturas y votos en blanco). A continuación, se asignan los diputados siguiendo el conocido como método d'Hondt. El algoritmo o fórmula es la siguiente: Para cada partido, se coge el número de votos conseguidos y se divide sucesivamente entre el número de escaños que reparte esa circunscripción. Hecha la operación de división, se observan los cocientes de cada una de las divisiones. Por último, los escaños se asignarán a los x cocientes mayores, donde x es el número de diputados a repartir.
La Carta Magna establece en su artículo 68 que en las elecciones al Congreso la división territorial son las 50 provincias y las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Al troceo en 52 circunscripciones hay que sumarle el método de distribución de los 350 diputados, que en el decreto electoral de 1977 y se consolidó en la LOREG, asigna a cada provincia un mínimo de dos representantes (uno en el caso de cada ciudad autónoma) y reparte los otros 248 por criterios de población, una distribución hecha en la Legislatura Constituyente y que sigue vigente.
Esa atribución inicial de dos escaños, con independencia del número de habitantes de cada lugar, es la que distorsiona la proporcionalidad del sistema, que en última instancia depende del tamaño (número de actas a repartir) de cada distrito.
Un quinto de la población y casi un tercio de los escaños
Atendiendo al tamaño de cada territorio y sus efectos sobre el rendimiento de los votos, se puede afirmar que la composición del Congreso es la suma de una suerte de tres sistemas electorales diferentes (subsistemas por ser del todo rigurosos) que se replican por la península y los territorios insulares.
En ese sentido, nos encontramos con tres tipos de circunscripciones:
- Subsistema 1: las que reparten entre 1 y 5 diputados. Son las que introducen las mayores distorsiones, pues su tamaño impide cualquier intento de reparto proporcional. Muchos de los votos que en ellas se emiten quedan sin ningún tipo de representación parlamentaria.
- Subsistema 2: provincias de entre 6 y 9 diputados. A medida que crecen en tamaño va mejorando su proporcionalidad y en consecuencia se reducen los votos perdidos.
- Subsistema 3: provincias con 10 o más escaños. Son las plazas en las que más “sencillo” resulta entrar para los partidos de ámbito nacional. Los porcentajes de voto necesarios son más bajos como consecuencia del mayor número de actas a repartir.
Un dato muy elocuente sobre el desfase entre representantes y censo de población es el de la cantidad de gente empadronada en las provincias de menor tamaño y el número de escaños que en ellas se eligen. De cara al 23-J, hay 29 plazas en esa situación (de uno a cinco escaños), en las que reside casi el 21 % de los habitantes de España y donde se elige casi un tercio de todo el Congreso: 108 diputados (el 30,86%).
El tamaño importa (y mucho)
De cara a evaluar los resultados del 23-J, no hay que perder de vista lo que suceda en esas circunscripciones más pequeñas. El análisis de Demócrata de voto y de los restos de D’hondt, desde el año 1977, revela cómo en la práctica se han convertido en un sumidero de papeletas que terminan siendo estériles a efectos de representación.
La llegada de nuevos partidos ha tenido dos efectos sobre el reparto de votos. Por un lado, como su crecimiento se ha producido a costa del PP y el PSOE, ha servido para reducir en decenas de provincias el umbral efectivo a partir del cual se consigue escaño. No obstante, dadas las limitaciones (número de actas), el aumento del número de actores ha ido en paralelo a un aumento de la proporción de apoyos que se pueden considerar como “votos perdidos”. Y tiene su lógica.
A medida que en una circunscripción crecen los competidores, lo habitual es que el voto se fragmente (de ahí la caída de los umbrales para conseguir un acta). Sirva aquí de ejemplo el caso de Vox en Ceuta en las últimas generales. Nunca el parlamentario ceutí había salido tan “barato” (35,54% del voto a candidaturas).
Un sistema de votos perdidos
Pero incluso cuando los porcentajes de voto se hallan igualados, hay una realidad contra la que no se puede luchar: en aquellos lugares que reparten hasta cuatro o cinco escaños es difícil, cuando no imposible, que haya espacio para tantos partidos. Esa competencia a cinco, con tres listas diferentes en el centroderecha lastró las opciones de Pablo Casado en sus dos intentos por ser presidente del Gobierno. Y ahí, cuando los partidos empiezan a recoger apoyos por encima del 10-15% provincial pero no se traducen en escaños, es donde empieza a dispararse la cifra de sufragios ineficaces.
En ese sentido, la práctica desaparición de Cs (no concurre a estas generales) debería ser una ventana de oportunidad sobre todo para aquellos que aspiran al tercer puesto el 23-J: Vox y Sumar.
Hasta la irrupción de Pablo Iglesias y Albert Rivera, nadie que no fuera en unas listas del PSOE, la UCD, el PP o Alianza Popular había logrado un acta en más de la mitad de las provincias españolas. Todavía hoy queda algún lugar, como Cuenca, en el que el bipartidismo se mantiene inexpugnable. Arañar diputados en esas circunscripciones fue uno de los resortes para que Ciudadanos rozara el sorpaso al PP en abril de 2019, de la misma manera que ayudó a Vox a más que doblar su grupo parlamentario entre esas generales y las que se celebraron en noviembre de ese mismo año.
Pero ojo, una concentración del voto por arriba junto a unos datos discretos del resto de candidaturas puede llevar a que quien sea primera fuerza sea haga con dos y hasta tres actas incluso en estas circunscripciones de menor tamaño.
Un ejemplo, lo que sucedió en Huelva en las últimas generales. El PSOE, con menos del 37% de los votos se hizo con tres de los cinco diputados (el 60% de los representantes). Aunque Unidas Podemos rozó el acta, al final se quedó a cero. El 21,73% de las papeletas de partidos de la provincia andaluza se quedaron sin ningún tipo de representación, porcentajes que se dispararon al 36% en Burgos o casi un 40% en Huesca (récord histórico en ambos casos). En el caso de la región aragonesa, tanto PP (con poco más del 25% del voto a candidaturas) como el PSOE (casi 34%) se repartieron los cuatro parlamentarios (un par para cada uno).
Claves para el 23-J
Situaciones como las últimas son las que deberán evitar Vox y Sumar si no quieren ver cómo sus bancadas quedan drenadas por PP y PSOE. Tirando de antecedentes, hay otro dato para tener en cuenta: desde 2015 (ya con varios partidos en competición), en 20 provincias el umbral medio para sacar representación es superior al 15%. Moverse por debajo de esas cifras te deja con una alta probabilidad de irte de vacío, aun siendo tercera fuerza.
Con la incógnita de cómo le puede ir a Sumar, que se estrena en estas generales, hay un aspecto que jugaría en favor del PP y también de Vox: el ya mencionado sesgo conservador del sistema electoral.
La mayoría de las provincias pequeñas, donde lograr un acta cuesta menos votos que en otras áreas más pobladas, pertenecen a la España interior, esa a la que en gran parte ahora se le llama España vaciada, tradicionalmente con un perfil más rural y conservador. De nuevo, el análisis del histórico refleja que cuando Cs o Vox se han acercado o han superado el 15% del voto en esas circunscripciones, su rendimiento electoral en las mismas ha sido bueno (han saco una cifra de escaños en proporción o incluso algo mejor).
En el otro lado de la moneda, el mejor Podemos en las urnas, el de las generales de 2015 y 2016, solo pasó del 15% en el conjunto de este subsistema electoral esas dos ocasiones. Sin embargo, no logró una cantidad de escaños equivalente (se quedó algo por debajo).
Al final, la combinación del sesgo del sistema electoral que premia a los partidos mayoritarios (sobre todo cuando pasan del 25% y se van distanciando del segundo) con el sesgo conservador son los que explican fenómenos como que en 1977 y 1979, la UCD rozara la mayoría absoluta con apenas un 36% del voto a nivel nacional.