La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha advertido sobre un déficit cercano a los 2.000 millones de euros en ayuntamientos y diputaciones de España, relacionado con la administración de residuos, a pesar de la implementación de una nueva tasa obligatoria desde el 10 de abril.
Este dato ha sido destacado en un informe de la Fundación ENT, utilizado por los inspectores en la víspera de su XXV Congreso Anual, que se llevará a cabo en Alicante. Los presupuestos para 2025 muestran un gasto en residuos de 5.325 millones de euros frente a ingresos por tasas de 3.488 millones, evidenciando una cobertura del 65,5%, aún distante del ideal del 100%.
Los inspectores han expresado preocupación, no solo por el déficit, sino también por los «severos problemas presupuestarios» que podrían surgir si las numerosas denuncias previstas por los contribuyentes prosperan. Han criticado que la regulación actual de la tasa es «escasa e ineficiente», aumentando la incertidumbre en aspectos como la cuantificación de los pagos y su implementación.
Además, atribuyen parte del problema al «desinterés e inacción» del Ministerio de Hacienda y la falta de un diálogo efectivo con las entidades locales. El principio de ‘el que contamina paga’ fundamenta la nueva normativa fiscal, que exige cubrir el costo total del servicio de gestión de residuos.
DENUNCIAN LA EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA
En el próximo congreso en Alicante, se denunciará también el fraude en la externalización de los servicios de inspección tributaria, señalando que no toda colaboración público-privada es ilegal, pero algunas han sido anuladas por los tribunales.
Los inspectores consideran que la participación de entidades no integradas en la Administración Tributaria es una «intromisión ilegal». Durante el evento, se presentará el Libro Blanco para la Reforma de la Tributación Local, con 100 propuestas para mejorar la fiscalidad local.











