Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha destacado que determinadas compañías aéreas de bajo coste exprimen a los consumidores para ganar un euro más como puedan y ha enfatizado que su principal objetivo es resguardar a los consumidores españoles de las tácticas abusivas de estas empresas.
En una entrevista en ‘Las Mañanas’ de RNE, Bustinduy aclaró que su lucha no es contra todas las aerolíneas, sino específicamente contra las que incurren en prácticas ilegales y abusivas, como cobrar por llevar maleta de mano o exigir pagos para sentarse junto a menores o personas dependientes.
Así, el Ministerio ha impuesto una multa que asciende a 179 millones de euros a cinco aerolíneas low cost –Ryanair, Volotea, Vueling, Norwegian y easyJet–, prohibiendo además continuar con estas prácticas, lo que, según Bustinduy, ha provocado intentos de intimidación e insultos hacia su persona.
Destacó especialmente cómo el CEO de Ryanair, Michael O’Leary, le vistió de payaso en una campaña pro cobro de maletas. Claro, es que hay mucho poder en juego, estas aerolíneas ganaron 39.000 millones de euros el año pasado, señaló.
El enfoque de Bustinduy es proteger a los consumidores de un modelo de negocio lucrativo, especulativo, abusivo e ilegal, comprometiéndose a defenderlos tantas veces como sea necesario, contra quien sea necesario y donde sea necesario.
Además, las sanciones impuestas están siendo revisadas en Bruselas, y las asociaciones de consumidores europeas también han presentado quejas. Se debate igualmente sobre la incorporación de estas prácticas en la nueva regulación europea de derechos de los pasajeros aéreos. Bustinduy recalcó que España ha sido pionera en tomar medidas contra estas prácticas, pero asegura que no será el único país en hacerlo y está convencido de que ganarán.
En cuanto a los pisos turísticos, el conflicto con el Ayuntamiento de Madrid se ha intensificado. Consumo ha identificado 15,000 pisos turísticos operando sin licencia y ha proporcionado al alcalde, José Luis Martínez Almeida, las direcciones de unos 3,500 para facilitar inspecciones y posibles sanciones. Sin embargo, Bustinduy lamenta que el Ayuntamiento no ha actuado en absoluto y se enorgullece de ello.
Por otra parte, ha ganado dos veces a Airbnb en los tribunales, forzándolos a eliminar 65,000 anuncios ilegales. Tras estos triunfos, Booking también ha decidido cooperar, lo que Bustinduy considera un avance. Yo agradezco que haya empresas que decidan cooperar con las administraciones en lugar de declararse en rebeldía pensando que este país es la ley de la selva y que pueden hacer lo que quieran, comentó.
Finalmente, recuerda que en España rige la ley y que el Ministerio de Consumo la va a aplicar contra quien sea, por poderoso que sea quien haya enfrente.














