QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde a una iniciativa normativa destinada a actualizar y fortalecer las regulaciones frente al fraude eléctrico, que ha crecido notablemente en los últimos tiempos. Este plan incluye la estandarización de procedimientos durante las inspecciones, la introducción de nuevos criterios de facturación y la protección de los consumidores perjudicados.
El documento propuesto, que se envió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, retoma y refina la propuesta de 2015, simplificando ciertos procedimientos para una mejor implementación y adecuación a las leyes actuales.
En el reporte liderado por Cani Fernández, se establecen procedimientos uniformes para las inspecciones realizadas por distribuidores, tratando las acciones a seguir tras confirmar un caso de fraude y mejorando la comunicación entre las partes involucradas.
NUEVOS CRITERIOS DE FACTURACIÓN
En términos de facturación, la CNMC establecerá mediante resolución los valores aplicables para los cálculos relacionados con el fraude, en situaciones donde no se puedan aplicar criterios objetivos. Se mantendrán los precios de peajes y cargos correspondientes a cada tipo de consumidor, y el coste de la energía seguirá siendo el regulado, equivalente al del PVPC -tarifa regulada-. Además, se propone un incremento de peajes y cargos mediante un factor multiplicador, sujeto a la aprobación de la CNMC y el Ministerio dentro de sus respectivas competencias.
Los cargos de acceso y los costes energéticos, si son facturados por el distribuidor en casos de fraude, se integrarán al sistema de liquidaciones reguladas. La energía asociada al fraude se reportará a la Red Eléctrica de España como pérdidas por fraude, aumentando así la transparencia del sistema.
Esta estrategia está alineada con la Ley 24/2013 y podría formalizarse a través de un decreto real. Los detalles específicos que la CNMC debe regular se incluirían en resoluciones enmarcadas dentro de las circulares en revisión.
EFECTOS NEGATIVOS DEL FRAUDE ELÉCTRICO
El fraude eléctrico, que ha escalado significativamente en años recientes, provoca graves repercusiones en varios sectores, destacando los riesgos para la seguridad ciudadana debido a la manipulación de equipos e instalaciones. Este delito interfiere también con la continuidad del suministro eléctrico debido a conexiones ilegales y perjudica la competitividad de las empresas industriales honestas frente a las defraudadoras. Además, repercute negativamente en la sostenibilidad económica del sector eléctrico, afectando tanto a los ingresos regulados como a las empresas distribuidoras y comercializadoras, quienes deben enfrentar los costes de las pérdidas generadas por estas actividades fraudulentas. Finalmente, repercute en los consumidores, quienes terminan asumiendo estos costes adicionales.
