Este fin de semana da inicio una nueva ronda de protestas en defensa del derecho a la vivienda, impulsadas por las federaciones locales del Sindicato de Inquilinas y diversas organizaciones sociales, con el objetivo de reclamar una vivienda digna y asequible para toda la población.
Las primeras concentraciones tendrán lugar este sábado, 23 de mayo, en Guadalajara, y se retomarán el domingo con marchas en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza.
El calendario de acciones, que se prolongará hasta el 28 de junio, continuará el 30 de mayo en Murcia, Burgos y Logroño; el 5 de junio en Vigo; y el 6 de junio en A Coruña, Alicante, Ávila, Cataluña, Cantabria, Ourense, Santiago de Compostela, Segovia, Valencia y Gijón. Las siguientes citas serán el 21 de junio en Salamanca, el 27 de junio en Cádiz y Málaga y, finalmente, el 28 de junio en Gran Canaria.
Las entidades convocantes llaman a salir a la calle bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios”.
Al mismo tiempo, los sindicatos CCOO y UGT han pedido a la ciudadanía que se sume masivamente a estas movilizaciones y “llenar las calles”.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, tienen previsto acudir a la manifestación de Madrid, acompañados por las secretarias generales de ambas organizaciones en la capital, Paloma López y Susana Huertas.
En una nota conjunta, las centrales sindicales subrayan que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales motores de desigualdad y exclusión social, con especial incidencia en la clase trabajadora.
Por ello, consideran clave fijar topes a las rentas del alquiler para que no superen el 30% de los ingresos de cada hogar y abordar cambios en el mercado hipotecario, en el actual escenario de subidas de tipos de interés, con el fin de garantizar ese mismo límite en las cuotas.
“La raíz del problema reside en la falta de un parque público de vivienda suficiente. España arrastra un déficit histórico, provocado por décadas de políticas que han puesto la vivienda al servicio del mercado y la especulación, es necesario corregirse mediante una apuesta decidida por la ampliación de la vivienda pública, garantizando precios asequibles y una protección permanente”, señalan en un comunicado conjunto.
Además, advierten de que el mercado del alquiler sigue altamente tensionado y fuera del alcance de amplios sectores sociales, mientras la vivienda se concibe como un “bien especulativo” y no como un derecho, “un pilar más del Estado de bienestar”.
En esta línea, califican de “urgente” la regulación de la actividad de fondos de inversión y grandes tenedores, “que operan como agentes especuladores, tensionando los precios y expulsando a la población de sus barrios”, con el fin de frenar “prácticas abusivas que atentan contra el interés general”.