El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Ejecutivo no alberga ninguna “preocupación” por las cuestiones planteadas por la Comisión Europea tras conocer el último informe del Tribunal de Cuentas. Dicho informe detalla que en noviembre de 2024 el Gobierno tuvo que recurrir a 2.389,4 millones de euros procedentes de fondos europeos para abonar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, debido a la falta de crédito presupuestario derivada de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado vigentes desde 2023.
En una atención a medios en Sevilla, durante la presentación de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el ciclo electoral organizado por Europa Press, el vicepresidente primero ha remarcado que “todos los fondos específicos que vienen del marco del 'Next Generation', del Plan de Recuperación, se van a utilizar para las inversiones que vienen incluidas” en dicho programa.
“España, como el resto de estados miembros, cumple con los hitos y objetivos, es decir, con las reformas y las inversiones que tenemos comprometidas”, ha señalado Cuerpo, en referencia al grado de ejecución del Plan de Recuperación y al uso de los recursos europeos.
El titular de Economía ha incidido en la “importancia de trasladar el mensaje de que la totalidad de los fondos del Plan de Recuperación se destinarán a las inversiones previstas” y, ante las preguntas sobre la legalidad de emplear estos fondos para el pago de pensiones, ha reiterado que, en un escenario de prórroga presupuestaria, “el espacio para gastar los créditos de un año a otro se reparten en función de las necesidades de gasto”.
Según ha explicado, “es un elemento técnico asociado a la prórroga presupuestaria y los fondos del Plan de Recuperación van a las inversiones previstas. Esto es un contexto de total normalidad, es un elemento técnico”, ha defendido Carlos Cuerpo, desvinculando el uso puntual de créditos de la arquitectura general del Plan.
El Tribunal de Cuentas, en su informe, concluye que ha encontrado “salvedades o incidencias” que el Gobierno debe “corregir”. Entre ellas, subraya que la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos “ineludibles” de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas llevó a autorizar en noviembre de 2024 dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al entender que no comprometían el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos.
El órgano fiscalizador apunta que esta decisión del Gobierno se apoyó en fundamentos jurídicos que “deberían haber quedado mejor justificados”, ya que aprecia “una incertidumbre” sobre la aplicabilidad en 2024 de las limitaciones al uso de créditos sobrantes de fondos europeos para cubrir modificaciones presupuestarias ajenas a ese servicio.
En relación con las obligaciones en materia de pensiones, el Tribunal de Cuentas también destaca que la prórroga presupuestaria ha mantenido en 2024 el mismo nivel de gasto fijado para 2023, lo que provocó una infravaloración neta de esta partida de 1.008,4 millones de euros.
Asimismo, el informe señala que otro efecto de la prórroga ha sido que los créditos definitivos superaran en 77.341,9 millones de euros a los iniciales, de los cuales el 95% tuvo que financiarse mediante la variación del saldo vivo de la deuda. No obstante, el organismo precisa que el buen comportamiento de los ingresos evitó que dicha variación alcanzase la totalidad de ese importe.