La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de “instaurar un régimen sancionador” para las compañías que no respeten sus compromisos en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
“Sin sanciones creíbles, la responsabilidad empresarial sigue siendo voluntaria”, ha afirmado Díaz durante la inauguración del acto “Una nueva Agenda para la Responsabilidad Social Empresarial”, en el que se ha dado a conocer el informe “Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial”.
El documento, elaborado por la Comisión de personas expertas en RSE constituida en 2025 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pretende servir como herramienta de denuncia y de exigencia hacia las empresas, con el objetivo de reforzar la protección de los derechos sociolaborales y medioambientales en su actividad, según ha explicado el propio departamento.
En su intervención, la ministra ha subrayado que “este informe desmonta ese argumento con la evidencia de que la competitividad de Europa debe construirse sobre la innovación y la justicia social, no sobre la carrera a la baja. España puede y debe dotarse de una autoridad independiente que supervise el cumplimiento de estas obligaciones. No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad para saber si se está cumpliendo. Y ese control necesita consecuencias. Este informe propone restaurar un régimen sancionador proporcional al daño causado y a la capacidad económica de la empresa”.
La Comisión ha tratado, a través de este trabajo, de situar a España en el contexto de las prácticas internacionales en RSE, revisar las estrategias y planes ya existentes y plantear propuestas de mejora que incorporen indicadores de seguimiento y recomendaciones para garantizar su aplicación real.
Díaz ha descrito el informe como “riguroso, valiente y oportuno”, presentado por el presidente de la Comisión de personas expertas, Jesús Cruz. La titular de Trabajo ha recordado además que la RSE forma parte central de la estrategia del Ministerio y ha señalado que hace un mes se reactivó el CERSE, tras casi diez años de inactividad.
La ministra ha añadido que “lo que este informe defiende -que las empresas tienen responsabilidades reales, exigibles y verificables sobre su impacto en los derechos humanos, en el trabajo decente y en el medio ambiente- es exactamente lo que la Comisión Europea ha decidido poner en cuestión recientemente: lo han llamado simplificación cuando es, claramente, impunidad y lo justifican en favor de la competitividad”.
La RSE, de la voluntariedad a las obligaciones
En la jornada ha intervenido también un panel de entidades y organizaciones de la sociedad civil implicadas en el impulso de la RSE, entre ellas Amnistía Internacional España, la Plataforma por Empresas Responsables y Coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de Action Aid, Intermón Oxfam y Greenpeace España.
Las personas portavoces de estas organizaciones han analizado la situación de España en materia de responsabilidad social, las principales líneas de actuación y desafíos pendientes, además de poner el foco en la existencia de múltiples y graves vulneraciones atribuidas a grandes compañías españolas en este ámbito.
En un segundo panel han participado representantes de los interlocutores sociales CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, que han intercambiado posiciones sobre el alcance de la responsabilidad de las empresas y las prioridades para reforzar la calidad y el compromiso efectivo en RSE.
En la clausura, la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, ha resaltado que hay “empresas que no ven la responsabilidad social como una carga, sino como parte de su modelo”. “Esas empresas necesitan que las reglas sean exigentes para todos. Porque si no, acaban compitiendo en desventaja frente a quienes externalizan sus costes en forma de derechos vulnerados”, ha remarcado.
Merino ha incidido en que “de nada sirve tener derechos reconocidos en el papel si quien los tiene vulnerados no tiene manera de reclamarlos”. “La responsabilidad social empresarial ha sido durante demasiado tiempo un terreno de voluntades y buenas intenciones. Nosotras venimos a convertirlo en un terreno de obligaciones y consecuencias: esa es nuestra agenda”, ha concluido.