El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con hasta 7.000 millones de euros, una cifra que triplica la del programa anterior, y que refuerza el carácter permanente de la vivienda pública.
El diseño del plan reparte los recursos de la siguiente forma: un 40% se dirigirá a incrementar de forma estable el parque de vivienda protegida, un 30% se enfocará en la rehabilitación del stock residencial ya existente mediante líneas de ayuda específicas y el 30% restante se orientará a programas como los de apoyo a la emancipación de los jóvenes, la reducción de la tasa de esfuerzo para acceder a una vivienda y la actuación en áreas con mercados tensionados.
Una de las claves del nuevo marco es la introducción del principio de protección indefinida para las promociones públicas, de manera que los inmuebles que se compren o levanten con cargo a estos fondos mantendrán la calificación de vivienda protegida con carácter permanente.
En cuanto a la financiación, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 establece que la Administración General del Estado asumirá el 60% del gasto total previsto, mientras que las comunidades autónomas deberán cubrir el 40% restante. Esto implica un mayor esfuerzo autonómico respecto a los planes anteriores, en los que su contribución se situaba en el 25% y el Estado financiaba el resto.
Este nuevo reparto de cargas ha suscitado críticas entre varios ejecutivos autonómicos gobernados por el Partido Popular, que han denunciado que el esquema de cofinanciación vulnera el principio de igualdad entre ciudadanos y la autonomía de las comunidades, llegando a tildar el plan de vivienda de “ideológico”.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se estructura en cinco grandes líneas de actuación: el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad; programas específicos para reducir la edad de emancipación juvenil; medidas para disminuir la tasa de esfuerzo y facilitar el acceso en condiciones asequibles; y actuaciones para revertir situaciones en zonas de mercado tensionado donde el acceso a la vivienda resulta especialmente complejo.
El documento, que incorpora propuestas trasladadas por las comunidades autónomas, llega finalmente a la mesa del Consejo de Ministros con casi cuatro meses de demora respecto al calendario inicial del departamento de Isabel Rodríguez, que pretendía aprobarlo a finales del año pasado, pero que optó por retrasarlo para cerrar un acuerdo con los gobiernos regionales.
El texto se aprobará este martes en forma de Real Decreto, por lo que no requerirá el visto bueno del Congreso de los Diputados, y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero del presente ejercicio.
Ayudas al alquiler y apoyo a la compra de vivienda
Entre las principales novedades del nuevo Plan Estatal de Vivienda figuran ayudas específicas para jóvenes destinadas al alquiler con opción a compra de viviendas protegidas con protección permanente de hasta 300.000 euros, así como subvenciones de más de 10.800 euros para quienes adquieran o construyan su primera vivienda en municipios con riesgo demográfico.
El borrador plantea elevar el bono alquiler joven hasta 300 euros mensuales, frente a los 250 euros actuales; contempla también una ayuda de hasta 250 euros al mes para el alquiler de vivienda habitual y refuerza las ayudas al arrendamiento para colectivos especialmente vulnerables, como víctimas de violencia de género, personas desahuciadas de su vivienda habitual, personas sin hogar y otros grupos en situación de especial riesgo.
Asimismo, tal y como detalló la ministra esta semana, el plan integra un paquete de subvenciones a la rehabilitación que incluye ayudas para intervenciones estructurales de hasta 8.000 euros por vivienda, apoyos de accesibilidad de hasta 13.000 euros por vivienda y ayudas para actuaciones de mejora energética de hasta 20.500 euros por vivienda.
De forma complementaria, se pondrá en marcha una línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías con una cuantía máxima de 35.000 euros por inmueble, condicionada a que posteriormente se destinen al alquiler residencial durante, al menos, cinco años a un precio asequible.
El programa contempla igualmente subvenciones de hasta 85.000 euros para la construcción de vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrán orientarse a su posterior venta.