El Gobierno se reserva la posibilidad de paralizar, en todo o en parte, el envío de recursos del Plan de Vivienda a las comunidades autónomas si estas no remiten la información necesaria sobre alquileres y otros indicadores clave para la planificación y evaluación de las políticas públicas de vivienda. El objetivo es reforzar la base de datos oficiales y aportar mayor transparencia al funcionamiento del mercado inmobiliario.
Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana explican que esta medida se enmarca en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Este programa prevé impulsar la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial ya existente y nuevas líneas de ayuda para facilitar el acceso al alquiler y favorecer la emancipación.
Desde el departamento que dirige Vivienda señalan, no obstante, que su intención es que, mediante la cooperación con las comunidades autónomas, se establezca un flujo estable de información sobre los contratos de arrendamiento de vivienda procedentes de los registros de finanzas autonómicos, con una periodicidad semestral. De este modo, confían en que no sea preciso llegar a suspender el envío de fondos, ya que el intercambio de datos no supone invadir competencias autonómicas.
Con esta información, el Ministerio quiere elaborar, a través del Observatorio de Vivienda y Suelo, estadísticas y análisis que puedan ser aprovechados por las comunidades, los agentes del sector y el conjunto de la ciudadanía, con la finalidad de incrementar la transparencia y frenar los “discursos del miedo” en torno a la vivienda.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará 7.000 millones de euros, triplicando así el volumen del plan anterior, y se articula en torno a tres grandes líneas: construcción, rehabilitación y protección.
En concreto, hasta un 40% del presupuesto se dirigirá a ampliar de forma permanente el parque de vivienda protegida. Este porcentaje podrá elevarse en cada convenio autonómico, reduciendo a cambio las otras dos partidas. Otro 30% se dedicará a la rehabilitación del parque residencial mediante ayudas específicas, mientras que el 30% restante se orientará a subvenciones para la emancipación de los jóvenes, la disminución del esfuerzo financiero de los hogares y la actuación en zonas tensionadas.
El Ministerio recuerda que, si una comunidad autónoma no acredita, por ejemplo, que ha destinado al menos el 40% de los fondos a la promoción de vivienda protegida permanente, se le descontará esa cuantía de la siguiente anualidad.
Refuerzo del Bono Alquiler Joven e incremento del IPREM
El nuevo plan pone especial énfasis en el acceso a la vivienda de los jóvenes y de los colectivos más vulnerables, mediante distintas líneas de apoyo. Entre ellas figura el Bono Alquiler Joven, que pasa a integrarse como una medida estructural del plan y eleva su ayuda a 300 euros mensuales para personas de hasta 35 años que cumplan las condiciones de acceso.
Para abarcar a un número mayor de beneficiarios, desde Vivienda precisan que el umbral de ingresos anuales se sitúa en hasta 5 veces el IPREM (3.000 euros), frente al límite de 3 veces el IPREM previsto para 2025 (1.800 euros). Además, la renta máxima de la vivienda será de 1.000 euros al mes y, en el caso de habitaciones, de 600 euros, importes que podrán modificarse mediante acuerdo en la comisión bilateral.
El plan también incorpora la ampliación de plazos para la finalización de las obras de promoción de vivienda en construcción y de rehabilitación energética financiadas con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia, inicialmente obligadas a concluir antes del 30 de junio de 2026. Con la nueva regulación, las promociones de nueva vivienda dispondrán del tiempo necesario para completar la construcción, mientras que las actuaciones de rehabilitación energética podrán ejecutarse hasta el 30 de junio de 2028.
Calendario del plan y papel de las comunidades autónomas
Con el fin de mantener el calendario previsto, que contempla que el Plan Estatal esté operativo en el segundo semestre del año, el Gobierno ha convocado para el próximo 28 de abril la Comisión Multilateral. Esta reunión servirá para preparar la Comisión Sectorial, en la que participan los consejeros autonómicos de vivienda y donde se deberá aprobar el criterio de reparto del presupuesto. La cita tendrá lugar tras las elecciones andaluzas, al no poder celebrarse en periodo electoral.
En la Conferencia Sectorial bastará con una mayoría simple para validar los criterios de distribución. Desde el Ministerio de Vivienda muestran su confianza en alcanzar un consenso y advierten de que, si no se logra, miles de ciudadanos podrían quedarse sin ayudas y sin una respuesta institucional ante el problema residencial en España.
Una vez acordados los criterios de reparto entre comunidades, estos deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros y, posteriormente, refrendados en una segunda Conferencia Sectorial, de carácter meramente administrativo.
El diseño financiero del plan establece que el Estado asumirá el 60% de la inversión total, mientras que las comunidades autónomas deberán aportar el 40% restante. La Administración General “adelantará” la dotación correspondiente a este año, en torno a 800 millones de euros, y las comunidades irán abonando su parte proporcional a lo largo de los ejercicios en los que el plan estará vigente: 2027, 2028, 2029 y 2030.