El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha detectado “deficiencias” en la información que España difunde sobre los principales receptores de los fondos europeos de recuperación. El organismo advierte de que las autoridades españolas notifican importes “asignados” y no cantidades “recibidas”, tal y como fija la normativa comunitaria.
Estas observaciones se recogen en un informe hecho público este miércoles sobre la transparencia y la trazabilidad del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento creado tras la pandemia y dotado con 577.000 millones de euros. En el documento, los auditores europeos alertan igualmente de “lagunas” en el sistema de información sobre estas ayudas a escala de la UE.
En particular, el Tribunal señala que España incluye en la relación de los cien mayores perceptores finales “las cantidades asignadas” a cada beneficiario “en lugar de las cantidades recibidas”, pese a que el reglamento del MRR obliga a comunicar los importes efectivamente percibidos.
Además, subraya que España “solo publica los beneficiarios de las medidas con hitos y objetivos incluidos en las solicitudes de pago enviadas a la Comisión” y que únicamente facilita “las cantidades asignadas por componente del plan y no por medida”.
El Tribunal precisa, sin embargo, que las autoridades españolas están trabajando en una actualización de estos datos con el objetivo de extender la información al conjunto del plan de recuperación.
El informe sitúa también a España entre los Estados miembro cuyos sistemas no recogen de forma sistemática toda la información relativa al uso de los fondos europeos, y apunta que parte de los datos sobre costes reales solo se facilitan “previa solicitud”.
Según los auditores europeos, esta forma de proceder puede provocar retrasos de varios meses en el acceso a ciertos datos y complica disponer de una imagen completa sobre el destino final de las ayudas.
El análisis abarca un total de diez países de la UE —Alemania, Austria, Bulgaria, España, Estonia, Francia, Letonia, Malta, Países Bajos y Rumanía— y concluye que, aunque los fondos pueden seguirse “hasta cierto punto”, la información disponible para el público continúa siendo “incompleta”.
En su valoración global, el Tribunal sostiene que el fondo europeo de recuperación “adolece de lagunas en la trazabilidad y la transparencia del gasto” y considera “insuficiente” la información pública sobre perceptores, costes reales y resultados obtenidos.
“No disponemos de una visión completa de cómo se utilizan los fondos del MRR. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los fondos públicos, quién los recibe y cuánto se gasta realmente”, ha afirmado el tribunal.
Bruselas sale en defensa del modelo del MRR
Tras la publicación del informe, la Comisión Europea ha defendido el diseño y el funcionamiento del fondo de recuperación, recordando que el MRR se basa en un sistema de desembolsos ligado al cumplimiento de hitos y objetivos, y no en el reembolso de costes concretos, como sucede en otros instrumentos presupuestarios de la UE.
Bruselas insiste en que el reglamento del MRR “excluye explícitamente los controles basados en costes” y establece que los pagos “no deben estar sujetos a controles sobre los costes realmente incurridos por el beneficiario”.
De este modo, el Ejecutivo comunitario sostiene que el mecanismo asegura la rendición de cuentas mediante “medidas sólidas de transparencia”, entre las que cita la publicación de las evaluaciones de los planes nacionales, las solicitudes de pago y los informes de progreso, además de las orientaciones remitidas a los Estados miembro sobre sus obligaciones de información.
La Comisión rechaza igualmente las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas y alega que no dispone de “base jurídica” para requerir a los Estados miembro datos pormenorizados sobre los costes reales de las actuaciones financiadas con cargo al fondo.