QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de que la carga fiscal española se ha incrementado “muy considerablemente” en las últimas décadas y reclama una revisión estructural del sistema impositivo para adaptarlo a los retos del envejecimiento, el clima y la economía global.
España se sitúa ya por encima de la media de la OCDE
Según el informe elaborado por José Manuel Domínguez (Universidad de Málaga), la presión fiscal total alcanza en España un 38,5 % del PIB, frente al 34 % de la OCDE y muy cerca de la media europea (39,7 %).
Fedea concluye que España ha dejado de ser un país de “baja fiscalidad” y que el aumento sostenido de ingresos públicos exige una reforma integral de las finanzas del Estado para asegurar su sostenibilidad.
Más cotizaciones y tributos sobre riqueza, menos consumo y sociedades
El estudio señala que la estructura fiscal española es singular dentro del bloque europeo: Más peso de las cotizaciones sociales y de los impuestos sobre la riqueza. Menor aportación del IVA y del Impuesto de Sociedades que en otros países industrializados.
Este reparto, advierte Fedea, penaliza el empleo y la competitividad empresarial.
Ajustar el IRPF a la inflación y limitar beneficios fiscales
Entre las recomendaciones más destacadas figuran:
- Indexar el IRPF a la inflación, para evitar subidas encubiertas.
- Integrar mejor IRPF y Sociedades, reduciendo solapamientos.
- Implantar un IVA más neutral y uniforme.
- Revisar la tributación sobre la riqueza e incluso estudiar la imposición sobre ganancias de capital no realizadas.
El documento también plantea limitar los beneficios fiscales y clarificar el papel de las cotizaciones sociales.
“Una conciencia creciente de los costes de la tributación”
Domínguez subraya que el debate ya no se centra sólo en cuánto se recauda, sino en cómo se recauda:
“En los últimos tiempos se está tomando conciencia de los costes económicos de la tributación, incluyendo tanto los costes directos de cumplimiento como los indirectos, derivados de desincentivos y distorsiones”, apunta.
Fedea considera “imprescindible” adaptar el sistema a un entorno demográfico y productivo más complejo, evitando medidas improvisadas y garantizando la equidad y la eficiencia fiscal.
