La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha difundido este lunes un nuevo informe en el que calcula los saldos presupuestarios estructurales de las comunidades autónomas. El documento concluye que, de cara a 2025, el desequilibrio estructural más acusado se registrará en la Comunidad Valenciana (-1% del PIB), Cataluña (-1,5% del PIB) y Murcia (-1,3% del PIB).
El estudio, firmado por Manuel Díaz (Fedea), Carmen Marín (Fedea) y Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide y Fedea), aplica la metodología fijada por la Comisión Europea, introduciendo ciertos ajustes para adecuarla al funcionamiento de las finanzas públicas regionales en España.
Con estas estimaciones, Fedea calcula para el conjunto de las comunidades autónomas un saldo estructural del -1% del PIB en 2024 y del -0,6% del PIB en 2025. Entre todas ellas, Canarias es la única que empeora su posición, al pasar de un ligero superávit en 2024 a un déficit estructural del 0,4% del PIB en 2025.
El avance más notable corresponde a Baleares, que desde un abultado déficit público estructural del 1,7% del PIB en 2024 se situaría prácticamente en equilibrio presupuestario en términos estructurales en 2025. También registran mejoras significativas la C. Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja.
Fedea subraya igualmente el caso de aquellas autonomías que, pese a haber cerrado 2025 con un saldo presupuestario positivo según la Contabilidad Nacional, en sus cálculos "tornan a déficits públicos estructurales": Andalucía (del 0,1% al -0,2% del PIB), Asturias (del 0,5% al -0,2% del PIB) y Canarias (del 0,1% al -0,4% del PIB).
En este escenario, el centro de análisis económico advierte de que la trayectoria fiscal actual es "incompatible" con la reducción de la deuda a la que se ven abocadas la mayoría de las comunidades, especialmente cuando necesitan acudir a los mercados de capitales para financiarse.
Según el informe, esta senda fiscal "tampoco les garantiza el suficiente margen fiscal para que en momentos recesivos del ciclo puedan adoptar las políticas fiscales expansivas o, al menos, de sostenimiento de rentas y de transferencias sociales en especie (educación y sanidad principalmente) que les son propias".
Por este motivo, el documento concluye que, en el marco de los ajustes fiscales ligados a la nueva gobernanza económica europea, la persistencia de un déficit público estructural elevado se convierte en un desafío añadido para las comunidades autónomas.