El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha revisado a la baja el cálculo de la devolución que correspondería a la cantante Shakira, situándola en 27,4 millones de euros, a los que se sumarían 6,8 millones en concepto de intereses legales, y no 55 millones como se había apuntado inicialmente. Esta corrección se produce tras el análisis detallado de la sentencia de la Audiencia Nacional, que concluye que en 2011 no queda acreditado que la artista tuviera su residencia fiscal en España.
La organización sindical ha precisado que la Audiencia Nacional no aprecia mala fe por parte de la Administración tributaria. En consecuencia, la condena en costas a la Agencia Tributaria obedece a la aplicación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al haberse estimado el recurso presentado por la cantante.
Por este motivo, los técnicos de Hacienda han reiterado que tanto la Agencia Tributaria estatal como la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) actuaron ajustándose a la normativa legal y reglamentaria vigente durante toda la investigación fiscal. A su juicio, "este fallo no sienta un precedente" para Hacienda, sino que se limita a valorar una circunstancia específica relativa a la residencia fiscal de Shakira en el ejercicio 2011.
La resolución judicial se centra de forma exclusiva en el año 2011 y deja fuera cualquier pronunciamiento sobre la residencia de la artista en España entre 2012 y 2014, ejercicios por los que la cantante fue condenada por delitos fiscales vinculados al IRPF no declarado.
Gestha también ha querido manifestar su desacuerdo con el mensaje final del comunicado difundido por Shakira, en el que la artista sostiene que miles de contribuyentes son "abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia".
"La normativa tributaria española es de las más garantistas en los países del entorno, y corresponde a la Administración tributaria demostrar la culpabilidad", han subrayado los técnicos de Hacienda, defendiendo así el marco legal y las garantías que amparan a los contribuyentes en España.