El Gobierno supervisa los descuentos del ‘Black Friday’ y promete sanciones por prácticas engañosas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está intensificando la vigilancia sobre los precios en la próxima jornada de ‘Black Friday’ con el objetivo de identificar y penalizar las rebajas fraudulentas. Consumo ha iniciado una supervisión exhaustiva de los precios y productos para captar descuentos que no son auténticos, en particular aquellos que implican subir el precio antes de dicha fecha para después presentarlo como rebajado.

«La ley se va a cumplir por grandes o poderosas que sean las empresas implicadas. Ganar dinero con patrones oscuros se ha acabado, quien lo haga pagará por ello. Vamos a emplear todo el peso de la Ley para proteger los derechos de los consumidores, que no van a estar indefensos», declaró el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, durante una conferencia de prensa.

Este año, la vigilancia no solo se limitará a las falsas rebajas, sino que también incluirá prácticas como los ‘patrones oscuros’, que serán objeto de control y sanción. «En esta campaña hay miles de productos vigilados en el comercio electrónico para evitar que haya grandes corporaciones que se lucren. Vamos a investigar este año otros mecanismos engañosos, los denominados ‘patrones oscuros’, como los precios personalizados o prácticas de venta bajo presión», avanzó el ministerio.

Las técnicas de ‘precios por goteo’ y las ‘ventas bajo presión’, como los temporizadores falsos, serán especialmente monitoreados, al igual que los precios dinámicos o personalizados que se ajustan durante el proceso de compra. También se prestará atención a las comparaciones de precios engañosas, donde el precio promocional se compara con uno no habitual en el mercado, distorsionando la percepción real del producto.

SANCIONES GRAVES

Bustinduy ha indicado que las sanciones, categorizadas como graves, podrían multiplicar hasta seis veces el beneficio obtenido de manera ilícita, con multas que podrían alcanzar hasta los 100.000 euros. «Queremos enviar un mensaje a los operadores del mercado, el tiempo de la impunidad se ha acabado y quien incurra en estas prácticas lo va a pagar», concluyó.