QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG han instado al Gobierno formado por PSOE y Sumar a presentar en el Congreso una propuesta legislativa que reforme el despido improcedente, buscando que sea efectivamente “disuasorio” y “restaurativo”. La solicitud se ha realizado durante el debate de una proposición no de ley sobre este tema, promovida por Sumar, donde los aliados de izquierda han expresado la necesidad de avanzar hacia un enfoque legislativo.
Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, ha defendido la propuesta destacando la importancia de adecuar el despido a las circunstancias particulares de cada empresa o trabajador. Ha subrayado que la ley actual no refleja diferencias significativas como la edad del trabajador o el tamaño de la empresa, lo cual es crucial dado que “No es lo mismo perder el empleo con 30 que con 52, cuando la reinstalación laboral es más difícil; tampoco es lo mismo despedir siendo un pequeño comercio de barrio que una gran multinacional que genera y factura millones”, ha argumentado Barbero.
Por otro lado, Ada Santana, diputada del PSOE, ha confirmado el apoyo de su partido a una reforma que adapte el despido a diversas situaciones, no solo a una compensación fija. “Compartimos que no se trata únicamente de recuperar los 45 días de indemnización, sino de establecer un restaurativo y disuasorio”, ha enfatizado.
Durante el turno de fijación de posiciones, los grupos de izquierda han lamentado que la propuesta carezca de carácter legislativo y han coincidido en solicitar al Gobierno que la presente como una proposición de ley. “Tienen ustedes el Ministerio de Trabajo, son el Gobierno”, ha señalado Jordi Salvador, portavoz de asuntos laborales de Esquerra Republicana.
En cuanto a PNV y Junts, han mostrado una postura más cautelosa. Idoia Sagastizabal, del PNV, ha apreciado el concepto, pero ha señalado que necesita ser más concreto y claro para evitar interpretaciones libres por parte de los tribunales. Josep Maria Cervera, de Junts, ha insistido en que cualquier cambio debe ofrecer seguridad jurídica y estar en línea con las indemnizaciones europeas.
Finalmente, tanto Jaime de Olano, del PP, como Juan José Aizcorbe, de Vox, han mostrado su oposición a la propuesta por los potenciales efectos negativos en el mercado laboral, argumentando que podría generar inseguridad jurídica y perjudicar especialmente a los trabajadores de pymes.
