QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha expresado su descontento porque ciertas comunidades autónomas y municipios no colaboran con el ejecutivo en la aplicación de una legislación destinada a combatir los alojamientos turísticos no autorizados. Destacó el caso de Andalucía, que ha impugnado la reciente normativa que regula los arrendamientos de corta estancia.
“Ni las propias plataformas, para las que podría surgir un perjuicio, han recurrido esta medida”, señaló Rodríguez durante una entrevista en ‘Antena 3’, mencionado por Europa Press. Recordó que Andalucía, bajo la presidencia de Juan Manuel Moreno Bonilla, lidera en número de alojamientos turísticos ilegales.
Además, la ministra acusó a la Comunidad de Madrid de proteger la “ilegalidad”, ya que en esta región, presidida por Isabel Díaz Ayuso, el 83% de los inmuebles registrados en el nuevo Registro Único de Alquileres se ha inscrito como vivienda temporal en lugar de turística, mientras que en el resto de España, el 78% son alojamientos turísticos.
Para Rodríguez, estas prácticas del “principal partido” de la oposición, en clara referencia al PP, muestran una falta de comprensión de los problemas actuales en el mercado de alquiler. Esto es algo que incluso la presidenta de la Comisión Europea ha reconocido.
El Ministerio ha informado a las plataformas online sobre 53.876 alojamientos turísticos ilegales para que eliminen los anuncios de estos, que requerían un número de registro desde el 1 de julio y no lo han conseguido por no cumplir con los requisitos legales. Las plataformas deben ahora retirar estos anuncios, que podrían estar listados en múltiples sitios simultáneamente.
El Gobierno pretende que estos inmuebles se reintegren al mercado de alquiler residencial. Desde el inicio del Registro único de alojamientos temporales el 1 de enero, se han recibido 336.497 peticiones, de las cuales 264.998 (78,75%) son para alquileres turísticos. De estas, 53.786 han sido denegadas (20,3%).
“Cada piso turístico ilegal es una familia expulsada de su barrio, es un joven que no se puede emancipar y frente a eso tenemos que trabajar todas las administraciones públicas”, concluyó Isabel Rodríguez.
