La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido no abrir expediente sancionador y dar por concluidas las pesquisas sobre Repsol, Moeve -antigua Cepsa- y BP, tras las denuncias de asociaciones de operadores independientes por supuestas prácticas anticompetitivas ligadas a descuentos conjuntos en 2022, en pleno repunte de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, al entender que no existen indicios suficientes de infracción.
El supervisor analizaba las quejas formuladas por AESAE (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas) y ACIH (Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos), que atribuían a las tres grandes petroleras un abuso de una posición de dominio de carácter colectivo y conductas colusorias orientadas a reforzar sus cuotas de mercado en un contexto de fuertes subidas del precio de los carburantes tras la invasión rusa de Ucrania.
Según dichas denuncias, las prácticas cuestionadas habrían consistido, por un lado, en elevar los precios de venta al por mayor a las gasolineras independientes (low cost) que se abastecen de ellas y, por otro, en aplicar descuentos a los consumidores finales en la red propia de estaciones mediante tarjetas de fidelización y medios de pago.
SIN INDICIOS DE UNA POSICIÓN DE DOMINIO COLECTIVA
Tras su análisis, el organismo que encabeza Cani Fernández concluye que no se han encontrado pruebas de intercambios de información ni de coordinación entre Repsol, Moeve y BP, y que tampoco aprecia indicios de que estas compañías ostenten una posición de dominio colectiva en los mercados examinados.
En relación con el posible intercambio de información, la CNMC señala que BP y la entonces Cepsa conocieron las campañas de descuentos que Repsol planeaba poner en marcha a través de la información difundida en los medios de comunicación y otras fuentes públicas. Añade además que ambas firmas sufrieron un efecto negativo en forma de pérdida de clientes, parte de los cuales habrían pasado a operar con Repsol.
El regulador destaca igualmente que, en 2022, Repsol contaba con una capacidad de refino muy superior a la de sus competidores y con mayores cuotas de mercado, "no actuando junto con BP y Cepsa como una única entidad colectiva desde el punto de vista económico".
El organismo recuerda que, en un expediente sancionador independiente, resuelto el pasado mes de enero, sí impuso a Repsol una multa de 20,5 millones de euros por abuso de posición de dominio en el mercado mayorista de distribución de combustibles de automoción a estaciones de servicio.
En esa resolución, la CNMC consideró acreditado un estrechamiento de márgenes basado, entre otras prácticas, en políticas de retención de volúmenes y en subidas de los precios de venta del Gasóleo A (GOA) a sus competidores (gasolineras independientes) en el mercado mayorista, mientras que, en el mercado minorista de venta de carburantes en estaciones de servicio, desarrollaba una campaña de descuentos en el GOA para clientes profesionales que superaba las prestaciones obligatorias fijadas por las medidas aprobadas en su momento por el Gobierno.
Repsol, por su lado, rechazó "de forma tajante" la sanción de 20,5 millones de euros impuesta a varias de sus filiales del negocio de venta de carburantes y la prohibición de concurrir a contratos públicos acordada por la CNMC, argumentando que la resolución se basa "en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022", marcado por la crisis generada tras la invasión de Ucrania por Rusia.
La compañía energética anunció asimismo que presentaría recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra la multa para hacer "valer todos estos argumentos en su impugnación".