El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (Cgcafe) ha señalado el “desfase” que aprecia entre los objetivos fijados en el Plan Estatal de Vivienda y la situación real de la rehabilitación energética en el país, lo que, a su juicio, pone en entredicho el cumplimiento de los compromisos europeos en eficiencia energética y descarbonización.
De acuerdo con los datos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Cscae), en 2025 el ámbito de la rehabilitación experimentó un repunte relevante, con 55.558 viviendas visadas. No obstante, esta cifra continúa lejos de la meta establecida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que contemplaba 96.000 viviendas rehabilitadas en el ejercicio anterior.
En este contexto, el Gobierno prevé que el Plan Estatal de Vivienda 2026 incluya ayudas de hasta 20.500 euros por vivienda para actuaciones de mejora energética, 13.000 euros para intervenciones de accesibilidad y 8.000 euros para trabajos de carácter estructural.
Los administradores de fincas consideran estas líneas de apoyo como medidas “necesarias”, aunque las juzgan “insuficientes” si no se acompañan de una simplificación administrativa efectiva, una mayor seguridad jurídica y un esquema de incentivos que resulte verdaderamente operativo para los propietarios.
“Es imprescindible simplificar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso a las ayudas para que las comunidades de propietarios puedan abordar las actuaciones necesarias”, ha subrayado el tesorero del Cgcafe, Peio Mendia, reclamando una implicación institucional más intensa y una mejor coordinación entre las distintas administraciones públicas.
Entre las trabas que, según el colectivo, siguen ralentizando la rehabilitación energética, figuran la complejidad en la tramitación de subvenciones, la continua modificación del marco normativo, la ausencia de financiación asequible para las comunidades de propietarios, la limitada concienciación social y la falta de personal cualificado en este ámbito.
Para revertir esta situación, el organismo ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas orientadas a acelerar el ritmo de las actuaciones. Entre ellas, propone introducir la obligación legal de acometer mejoras de eficiencia energética en los edificios plurifamiliares sujetos al régimen de propiedad horizontal, con el fin de reforzar el compromiso del parque residencial con la sostenibilidad.
En la misma línea, plantea que el Libro del Edificio Existente (LEE) pase a ser obligatorio antes del 31 de diciembre de 2027, de modo que se convierta en un instrumento básico para programar intervenciones y conocer con precisión el estado de los inmuebles. Asimismo, aboga por adaptar la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la adopción de acuerdos y la ejecución de obras de rehabilitación energética en las comunidades de propietarios.
Con el horizonte de que, en 2035, el conjunto del parque edificatorio alcance como mínimo una calificación energética D, los administradores reclaman deducciones fiscales por actuaciones de rehabilitación energética, también aplicables a viviendas en alquiler, además de bonificaciones en las tasas de licencias, un tipo reducido de IVA para las obras de mejora y la creación de una cuenta de ahorro específica para rehabilitación energética con un tratamiento fiscal propio. Igualmente, consideran necesario otorgar prioridad en la concesión de créditos destinados a este tipo de proyectos.
Entre las reformas de carácter estructural, destaca la propuesta de constituir un fondo económico obligatorio para rehabilitación energética, que permita anticipar recursos de cara a futuras intervenciones en los edificios.
El Cgcafe defiende, además, que las reformas de calado en los inmuebles solo se lleven a cabo considerando unos niveles mínimos de eficiencia energética a alcanzar, con el objetivo de no perpetuar construcciones obsoletas. También apuesta por impulsar la profesionalización y la formación de nuevas figuras especializadas, como el agente rehabilitador o el gestor de comunidades energéticas, perfiles llamados a desempeñar un papel clave en la transición energética del sector inmobiliario.