El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar esta semana en el Consejo de Gobierno la nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida, una norma con la que se pretende impulsar la construcción de 18.000 viviendas en los próximos cuatro años, acortando además los tiempos de ejecución para favorecer el acceso a una vivienda asequible a jóvenes y familias.
Según explican fuentes del Gobierno autonómico, esta ley busca incrementar el parque de vivienda protegida y adaptar el ritmo de construcción a la demanda real mediante medidas como incentivos urbanísticos que permitan ganar capacidad sin ocupar nuevo suelo, elevando hasta un 30% la densidad y en un 20% la edificabilidad.
Con este paquete normativo, el equipo de Isabel Díaz Ayuso pretende “avanzar en una de las prioridades marcadas desde 2019, como es facilitar el acceso a la vivienda en la región”. Desde ese año, la Comunidad de Madrid se ha consolidado como la autonomía que más vivienda pública ha levantado, concentrando más del 40% de la que se ha construido en toda España.
En paralelo, el Ejecutivo regional ha entregado ya más de 5.300 inmuebles del Plan Vive de alquiler a precios asequibles y prevé añadir otras 3.200 viviendas a lo largo de este año en promociones que ya están en marcha, con la meta de alcanzar en 2027 un total de 14.000 nuevas unidades. Asimismo, desde 2019 se han puesto en marcha 14 rebajas fiscales orientadas a facilitar la compra o el alquiler, con especial atención a los menores de 25 años.
Entre las actuaciones destacadas figura también la ampliación de 40 a 50 años del límite de edad para acceder a avales hipotecarios, al tiempo que la Comunidad se ha situado a la cabeza en la modificación del marco legal para transformar oficinas en viviendas de alquiler asequible, incorporando al mercado 8.000 nuevos hogares.
En este periodo se ha reforzado igualmente el programa Mi Primera Vivienda, que fija en 425.000 euros el importe máximo subvencionable para ampliar el número de beneficiarios con hipotecas del 100%. Además, en 2026 está previsto un incremento del 24% en la inversión pública destinada a vivienda social, con el objetivo de entregar más de 700 viviendas a familias en situación vulnerable.
La Comunidad de Madrid ha autorizado también la promoción de vivienda protegida en suelos de titularidad privada mediante el cambio de uso del terreno, y ha puesto en marcha nuevas líneas de ayuda para familias numerosas y monoparentales.
Para completar este paquete, el Gobierno regional ha recuperado la figura del arrendamiento con opción a compra, ha eliminado determinadas tasas para agilizar la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos y ha impulsado el incremento de la oferta de alquiler en los municipios más pequeños de la región.