QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Trabajo mantiene su decisión de actualizar las sanciones en el reglamento del registro horario, a pesar de que el proyecto de ley para recortar la jornada laboral a 37,5 horas no prosperó. Aunque el reglamento no incluirá esta actualización, el Gobierno sigue adelante con la medida.
El proyecto inicial contemplaba imponer multas de hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que no cumplieran con el registro horario y la reducción de la jornada. Sin embargo, este aspecto no se llevará a cabo debido a la no aprobación del proyecto de ley, limitando así el aumento de las penalizaciones en esta nueva normativa.
El registro horario, que también abarca la desconexión digital, se implementará «cuánto antes» y no requerirá nuevas negociaciones, ya que previamente se discutió durante 11 meses sin alcanzar un acuerdo con la patronal. Aunque no se ha especificado una fecha para la publicación del reglamento, los trámites habituales indican un proceso de al menos cinco meses.
«Vamos a seguir la ofensiva», declararon desde el Ministerio, añadiendo que el objetivo es cumplir con las exigencias nacionales y europeas para que el registro sea fiable, objetivo y accesible en un plazo razonable.
Tras una consulta pública sobre el proyecto de Real Decreto, el texto será desarrollado considerando las alegaciones recibidas y posteriormente se realizará una audiencia pública. Tras la aprobación por parte de los órganos competentes, el Consejo de Ministros lo aprobará y será publicado en el BOE, sin necesidad de convalidación en el Congreso. Desde el Ministerio anticipan que la CEOE impugnará la normativa, como ha ocurrido con anteriores reglamentos, aunque aseguran que esta tiene una «base legal» sólida.
Respecto a las PYMES, aunque las ayudas contempladas en el proyecto de ley original no se incluirán en el reglamento, el Ministerio reitera su apoyo a estas empresas. Además, el reglamento buscará asegurar que el registro horario digital sea eficaz y no manipulable, facilitando así la inspección y control de las jornadas laborales.
Finalmente, se garantizará la protección de datos personales, asegurando que este aspecto no suponga un problema adicional, con la probable participación de la Agencia de Protección de Datos en el órgano consultivo del reglamento.
