QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La normalización influye en un 14,7% en el crecimiento medio anual del Producto Interno Bruto (PIB) en España, representando una aportación superior a 140.000 millones de euros durante las últimas cuatro décadas, colocando su efecto al mismo nivel que las naciones más desarrolladas del planeta.
El documento ‘El impacto económico de la normalización en España’, elaborado por el Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial (CEPI), respaldado por el Ministerio de Industria y Turismo y la Fundación EOI, se presentó en un acto en la sede de la Asociación Española de Normalización (UNE).
El estudio, que adoptó la metodología de ISO empleada en países como Alemania, Francia y Canadá, muestra que la elasticidad del PIB respecto al ‘stock’ de normas está ‘en línea’ con la de la economía canadiense y la de los Países Nórdicos, y ‘ligeramente por debajo’ de la de Alemania, Francia o Reino Unido.
IMPACTO ACUMULADO DE MÁS DE 23.000 MILLONES EN EL PIB HASTA 2028
El informe indica que un incremento del 5% anual en la emisión de nuevas normas podría generar un impacto acumulado mayor a 23.000 millones de euros en el PIB español hasta 2028, ‘en comparación con el escenario tendencial actual’.
CEPI ha indicado que, bajo este supuesto, el PIB proyectado para 2028 ascendería de 1.350.185 millones de euros a 1.373.071 millones de euros, presentando ‘una oportunidad estratégica para reforzar el uso de normas en los sectores productivos como catalizador para el crecimiento económico’.
Conforme a la entidad, todos los sectores económicos se ven favorecidos por el impacto de los estándares, ya que ‘permiten a las organizaciones mejorar la eficiencia de sus procesos internos, reducir costes ligados a funciones comerciales y elevar la calidad de sus productos o servicios’.
Además, el estudio se apoyó en una encuesta a más de 600 empresas de los sectores de la industria y de la construcción para evaluar los niveles de aplicación de normas en el entramado empresarial español y su repercusión en la competitividad.
Los resultados de la encuesta revelan que casi el 70% de las empresas aplican normas, y un 30,7% las certifica. CEPI también ha identificado diferencias en la aplicación de las normas según el tamaño empresarial, alcanzando el 100% en grandes empresas y un 61,5% en microempresas.
‘Apostar por su implantación es fundamental para que las empresas puedan maximizar las ventajas de la normalización, mejorando no solo la calidad y la eficiencia de sus procesos, sino también su posicionamiento en mercados internacionales y su marca’, subrayó la entidad.
Desde CEPI, sostienen que el cumplimiento de estándares ‘genera confianza en los consumidores y socios comerciales, facilitando la entrada y consolidación en nuevos mercados, y contribuyendo así al crecimiento sostenible y la competitividad del tejido empresarial español a largo plazo’.
La encuesta también muestra que el 72,2% de las empresas afirma que las normas tienen un impacto significativo sobre la mejora de la productividad y el 71,9% también reporta un incremento de su facturación gracias a las normas. Además, el 51,2% de las empresas encuestadas afirma que la implementación de normas reduce sus costes.
El sondeo recoge que más del 90% de las empresas exportadoras afirma haber mejorado la calidad y garantía de sus productos gracias a la aplicación de las normas, y el 58,4% considera que la aplicación de los estándares ha tenido un impacto alto o muy alto en la mejora de sus ventas en los mercados internacionales.
‘Promover y facilitar la implementación de normas, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas, es una oportunidad estratégica para España de consolidar su posición entre las economías más avanzadas en normalización, fortaleciendo sectores productivos clave y promoviendo mayores niveles de competitividad empresarial’, expresó CEPI.
El evento contó con la participación de destacadas figuras como el secretario de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Turismo, Jordi García Brustenga; el presidente de UNE, Alfredo Berges; el director General de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Víctor Ausín; entre otros.
