QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado la fase de audiencia e información pública para un anteproyecto de ley que busca salvaguardar a los empleados que expongan infracciones y actos de corrupción en sus lugares de trabajo.
Este anteproyecto, que está abierto a contribuciones hasta el 10 de diciembre, consta de dos artículos y tres disposiciones finales. Su objetivo principal es evitar que los empleados que denuncien conductas ilícitas dentro de sus empresas sufran represalias. De acuerdo con el texto, el despido de un empleado bajo estas circunstancias se considerará nulo.
La ley ya existente de 2023 prohíbe cualquier acto o falta contraria a la ley, incluyendo amenazas o tratos desfavorables en el ámbito laboral dirigidos a quienes informen sobre irregularidades. Sin embargo, el anteproyecto argumenta que es vital fortalecer las garantías de estas personas para asegurar la efectividad del marco normativo protector.
«Conviene tener presente la jurisprudencia que niega la posibilidad de calificar como nula la extinción sin causa de un contrato de trabajo, salvo que exista algún elemento específico que lo justifique», explica el documento. En respuesta, se proponen modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores para que el despido del empleado informante sea declarado nulo, ampliando así las protecciones más allá de la mera compensación por despido improcedente.
El anteproyecto también aborda la necesidad de proteger a los informantes de cualquier discriminación o decisión empresarial que implique un trato adverso o una represalia, estableciendo la nulidad de estas acciones, incluso durante el período de prueba, especialmente en casos relacionados con embarazo, maternidad o denuncias.
Además, esta normativa facilitará la presentación de demandas contra despidos colectivos que busquen represaliar a los trabajadores delatores, asegurando así un entorno laboral más justo y conforme al ordenamiento jurídico europeo y nacional.
Con estas medidas, el anteproyecto no solo refuerza la ley vigente sino que también expande las obligaciones de crear canales de denuncia en empresas y entidades públicas, protegiendo a empleados actuales, pasados y potenciales, así como a sus familiares cercanos.
