El Ejecutivo español está explorando oportunidades para atraer inversores internacionales mediante la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica, conocida como ‘SEPI Digital’. El objetivo es incorporar tecnologías avanzadas y asegurar que los beneficios de estas inversiones beneficien al país, según indicaron fuentes a Europa Press.
La ‘SEPI Digital’ gestiona aproximadamente 16.000 millones de euros, distribuidos entre el Perte Chip (10.750 millones de euros) y los fondos ‘Spain Audiovisual Hub’ (1.712 millones de euros) y ‘Next Tech’ (4.000 millones de euros). Los analistas sugieren que el mercado asiático podría ser clave en estas nuevas inversiones españolas.
Expansión de la inversión tecnológica
Hasta ahora, la ‘SEPI Digital’ ha focalizado sus inversiones en el territorio nacional, destacando aportaciones a empresas como Sparc (17,2 millones de euros), Quantix Edge (19,6 millones de euros) y Multiverse (67 millones de euros). Sin embargo, se contemplan futuras inversiones internacionales que podrían resultar en la creación de vehículos de inversión o ‘joint ventures’ en España con socios extranjeros.
Según los estatutos de la ‘SEPI Digital’, las inversiones directas solo pueden realizarse en empresas dentro de España o que representen un ‘claro interés’ nacional. Las inversiones a través de vehículos están limitadas a aquellos constituidos en países de la Unión Europea o de la OCDE.
El fondo ‘Next Tech’ es el único que se considera para este tipo de inversiones internacionales, debido a su enfoque en empresas ‘deep tech’ de alto impacto. Contrariamente, los fondos del Perte Chip y las características del ‘Spain Audiovisual Hub’ no se adecuan a este tipo de operaciones.
Ante estos nuevos enfoques, la ‘SEPI Digital’ ha reforzado su preparación, incluyendo la adjudicación de un acuerdo marco a reconocidos bufetes de abogados para servicios de apoyo legal externo. Esto permitirá agilizar las operaciones cuando sea necesario, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.
Esta estrategia de inversión llega tras observaciones de la Comisión Europea sobre las dificultades de España para asignar financiación pública al Perte Chip, recomendando un aumento en los esfuerzos para asignar estos fondos.