La compañía estatal de infraestructura ferroviaria de Bélgica, SNCB, ha ratificado la propuesta del constructor de trenes vasco CAF como la opción preferente para un contrato valorado en 1.695 millones de euros. Sin embargo, ha requerido a la empresa que asegure el cumplimiento de los derechos humanos e internacionales en sus operaciones.
En una declaración, SNCB, equivalente al Adif en España, subraya que para la asignación definitiva del contrato, es crucial tanto la confirmación sobre los derechos humanos como el compromiso de utilizar proveedores locales en la producción de los trenes.
La exigencia de respeto a los derechos humanos e internacionales surge tras las protestas de sindicatos y partidos políticos belgas por la participación de CAF en un proyecto de tranvía israelí en las áreas cercanas a Jerusalén, incluyendo territorios ocupados, lo cual ha sido catalogado como ilegal por la ONU, de acuerdo con Amnistía Internacional.
Además, la demanda de involucrar producción local se origina en las presiones políticas de Bélgica por otorgar dicho contrato a su competidor Alstom, ya que esta empresa francesa cuenta con cuatro instalaciones en el país, empleando a aproximadamente 1.900 personas, según datos de la empresa.
La controversia se inició cuando el Consejo de Estado de Bélgica revocó la decisión previa de SNCB de febrero pasado, donde se designaba a CAF como posible adjudicatario, instando al ente gestor a proporcionar una justificación más detallada sobre esta elección.
Este contrato es un acuerdo marco para la entrega de trenes de cercanías, ofreciendo hasta 170.000 asientos, con un compromiso inicial de 1.695 millones de euros para unidades de 54.000 plazas.