Una treintena de ONG ha solicitado a la Comisión Europea que implante en toda la UE un gravamen específico sobre los beneficios extraordinarios de las compañías de combustibles fósiles, con la finalidad de amortiguar las consecuencias de la crisis energética y sufragar ayudas a los hogares vulnerables, al tejido industrial y a la transformación hacia fuentes de energía limpia.
En una misiva remitida a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y a varios comisarios, entidades como Oxfam, WWF o Salud por Derecho alertan de que el encarecimiento de la energía ligado a las tensiones geopolíticas está golpeando con fuerza a la economía europea, mientras las grandes empresas del sector registran ganancias excepcionales de las que, según apuntan, “una parte sustancial son generados en Europa por refinerías y distribuidores”.
Ante este escenario, las organizaciones proponen recuperar y reforzar el mecanismo de contribución solidaria que la Unión Europea ya puso en marcha en 2022, al entender que demostró ser una herramienta eficaz para movilizar recursos y responder a un contexto de crisis semejante.
En particular, reclaman a Bruselas que presente un instrumento coordinado a escala comunitaria que permita captar una fracción mayor de estos beneficios extraordinarios y asegure una respuesta homogénea entre los Estados miembro.
También sugieren ampliar el ámbito de aplicación de dicho mecanismo para abarcar a los grandes grupos internacionales que operan en el mercado europeo, aunque su sede social se encuentre fuera de la Unión, con el objetivo de garantizar una cobertura más amplia.
Respecto al uso de la recaudación, las ONG exigen que los ingresos se destinen de forma “clara y transparente” a respaldar a los consumidores con menos recursos, a los sectores más golpeados por el incremento de costes y a acelerar inversiones en eficiencia energética y energías renovables.
Al mismo tiempo, enfatizan que este tipo de iniciativas debe integrarse en una política más amplia orientada a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y a reforzar la resiliencia energética del bloque comunitario.
“Ha llegado el momento de poner fin a las vulnerabilidades estructurales de la dependencia europea de los combustibles fósiles”, sostienen los firmantes, que reclaman a la Comisión y a los Estados miembro que actúen “de forma rápida y decidida” ante el agravamiento de la crisis.
La propuesta de estas organizaciones se suma a la que ya han defendido gobiernos como los de España, Alemania o Italia, que han pedido a Bruselas un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas para financiar medidas de apoyo a los consumidores y a los sectores perjudicados por la subida del precio de la energía.
Sin embargo, por ahora no parece que esta iniciativa vaya a integrarse en el paquete de medidas que prepara el Ejecutivo comunitario de cara a la próxima cumbre informal de Chipre, según ha indicado la vicepresidenta para la Transición Limpia, Teresa Ribera, quien ha recordado que cualquier instrumento de naturaleza fiscal exigiría la unanimidad de los 27 y que, en este momento, “no parece que cuente con esa cobertura por parte de los gobiernos”.