La federación de UGT Servicios Públicos ha cargado este jueves contra la oferta de empleo público (OEP) aprobada por el Gobierno para 2026, al considerar que, al haberse dado luz verde sin su respaldo, “no supone un refuerzo en los recursos asignados a la Función Pública ni redunda en beneficio de la prestación de servicios a la ciudadanía”.
En un comunicado, el sindicato subraya que en los últimos ejercicios se ha ido reduciendo el número de plazas convocadas para el personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado, lo que, a su juicio, consolida una tendencia preocupante.
UGT recuerda que en 2023 se ofertaron 27.656 plazas, frente a las 21.723 actuales. “Ese descenso producido desde entonces no permite asegurar ni el crecimiento de empleo ni el rejuvenecimiento de las plantillas”, advierte la organización sindical.
En cuanto a los cuerpos generales, el sindicato detalla que en 2026 se han autorizado 6.405 plazas de ingreso libre, una cifra inferior a las 6.500 contempladas en 2025, y 1.660 de promoción interna, por debajo de las 1.730 incluidas en la OEP de 2025.
Respecto a los cuerpos de la Seguridad Social, UGT indica que las plazas de ingreso libre se sitúan este año en 1.350, ligeramente por encima de las 1.290 del año anterior, mientras que la Agencia Tributaria repite exactamente el mismo volumen de puestos en ambas ofertas, con 1.446 plazas.
Sin embargo, en promoción interna para la Seguridad Social, el sindicato denuncia un recorte hasta las 420 plazas, lo que supone cien menos que las contempladas en la OEP de 2025.
Por este conjunto de motivos, UGT Servicios Públicos sostiene que la oferta de empleo público aprobada por el Ejecutivo el pasado martes es “claramente mejorable”, ya que, según insiste, “no se refuerzan suficientemente los recursos asignados y, por tanto, no se experimenta la mejora adecuada en la prestación de servicios a la ciudadanía”.
La organización sindical reprocha además que, durante la negociación y tramitación de la OEP de 2026, el Ministerio de Función Pública no haya facilitado a las centrales sindicales la información necesaria, al no haber proporcionado “ningún dato cuantificativo”.
“Además, se ha producido una ausencia de planificación, dado que la Administración solamente se ha basado en los datos de diciembre de 2025 para rejuvenecer las plantillas”, argumenta UGT, que cuestiona así la base técnica utilizada para diseñar la oferta.
El sindicato denuncia igualmente el retraso acumulado en la ejecución de los procesos selectivos, ya que, según precisa, siguen sin convocarse más de 9.000 plazas correspondientes a las ofertas de 2023, 2024 y 2025 para el personal laboral, lo que, en su opinión, agrava la falta de efectivos en la Administración del Estado.