QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los representantes del Parlamento Europeo y de los Estados miembros han llegado a un consenso el jueves para intensificar la supervisión y la claridad en las transacciones electrónicas, con una reforma que también incluye más protecciones para los usuarios y exigencias de rendición de cuentas a los proveedores de servicios de pago en la red en situaciones de fraude.
La actualización de la directiva de servicios de pago (PSD2) pretende proporcionar herramientas más eficaces contra el fraude, elevar la transparencia en las tarifas y fomentar la innovación tecnológica en el ámbito, aunque todavía requiere la aprobación formal del pleno del Parlamento Europeo y de los Veintisiete para su adopción definitiva y entrada en vigor posterior.
Dentro de las modificaciones establecidas, se exigirá a los proveedores establecer límites de gasto y opciones de bloqueo para disminuir el riesgo de fraude en los pagos online y serán responsables de compensar las pérdidas de los consumidores en caso de fraude si se prueba que el proveedor no implementó mecanismos adecuados para prevenir la estafa.
Por ejemplo, los proveedores deberán verificar que el nombre y el identificador único del destinatario coincidan y denegar el pago si no es así, además de notificar al pagador sobre el incidente. Asimismo, deben asegurar una autenticación segura del cliente y llevar a cabo una evaluación de riesgos.
Si un estafador inicia o modifica una transferencia, esta se considerará «no autorizada» por el titular y será responsabilidad del proveedor cubrir el total del fraude. También será su deber bloquear cualquier operación que considere sospechosa.
En casos de fraude por suplantación, donde el estafador se hace pasar por un empleado de la compañía de pagos y engaña al cliente para que apruebe un pago, el proveedor deberá devolver el monto total tan pronto como la víctima reporte el fraude a la Policía.
Las plataformas online también serán responsables frente a los proveedores que deban reembolsar pagos fraudulentos a los clientes si se demuestra que fueron previamente advertidas del contenido fraudulento en sus redes y no actuaron para eliminarlo. Los anunciantes de servicios financieros deben probar a las principales plataformas en línea y motores de búsqueda que están legalmente autorizados (o oficialmente exentos) en el país correspondiente para ofrecer estos servicios, o que se anuncian en nombre de alguien que lo está.
Además, la reforma incrementará la transparencia de las diversas tarifas cobradas tanto en cajeros automáticos como en los servicios de pago electrónico a comercios. Así, los proveedores deberán mostrar de manera obligatoria todas las tarifas y tipos de cambio aplicables antes de realizar una transacción.
La nueva regulación también tiene como objetivo facilitar el acceso al efectivo en áreas rurales o de difícil acceso donde escasean los cajeros automáticos, permitiendo a los comercios ofrecer la retirada de efectivo sin necesidad de compra. No obstante, estas transacciones deberán realizarse con tecnología de chip y PIN y estarán limitadas a un máximo de 150 euros o su equivalente en moneda nacional para prevenir fraudes.
Finalmente, los comerciantes deben asegurarse de que su nombre comercial habitual coincida con el que aparece en los extractos bancarios de los clientes, con el objetivo de que puedan reconocer más fácilmente el origen de los cargos que aparezcan en sus cuentas.
