La Asociación Española del Gas, Sedigas, acaba de calificar de manera postiva el proyecto de Real Decreto de impulso del biometano anunciado por el Gobierno, al considerar que la introducción de cuotas mínimas obligatorias de este gas renovable hasta 2035 aportará estabilidad regulatoria, incentivará nuevas inversiones y acelerará el desarrollo del sector en España.
Precisamente fue este jueves, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, anunció el proyecto de este Real Decreto durante la 52ª Reunión Anual de Sedigas, donde el sector gasista respaldó el nuevo marco normativo por su capacidad para reforzar la autonomía energética, favorecer la descarbonización y promover la economía circular mediante el aprovechamiento de residuos.
Para Sedigas, la futura norma establecerá por primera vez en España una cuota mínima obligatoria de penetración de biometano en el consumo de gas natural para usos distintos al transporte. El objetivo arrancará en un 0,5% en 2028 y aumentará progresivamente hasta alcanzar el 6% en 2035.
En esa reunión, el presidente de Sedigas, Joan Batalla, destacó que esta medida enviará una señal de demanda “a medio y largo plazo” que permitirá dinamizar inversiones y consolidar el crecimiento de una tecnología que ha acelerado su despliegue en los últimos años.
España cuenta ya con 25 plantas de biometano
Según los datos del sector, España cerró 2025 con 25 plantas de biometano operativas, frente a las 12 existentes el año anterior. Las previsiones apuntan a que a finales de 2026 podrían estar funcionando hasta 46 instalaciones, con una capacidad de producción anual de 4,6 TWh. De cara a 2030, el potencial estimado alcanzaría los 22 TWh anuales si se materializan todos los proyectos previstos.
El decreto también introduce modificaciones en la regulación gasista para facilitar la integración de gases renovables y optimizar el uso de las infraestructuras existentes. Entre las novedades figura la regulación de los equipos de flujo inverso, que permitirán inyectar biometano desde redes de menor presión hacia gasoductos principales, así como un nuevo régimen para las líneas directas de conexión entre plantas y redes de transporte o distribución.
Además, la norma otorga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia competencias para resolver posibles discrepancias técnicas o económicas relacionadas con las conexiones a la red gasista en plazos máximos de entre dos y tres meses.
Hasta el 11 de junio, el Ministerio para la Transición Ecológica mantendrá abierto el proceso de audiencia e información pública del proyecto normativo, en el que Sedigas ha anunciado que participará activamente para contribuir al desarrollo definitivo del marco regulatorio.