La izquierda favorece a las grandes eléctricas y enfada a las independientes: “Nos fuerzan a cerrar”

PSOE, Sumar y EH Bildu han pactado una enmienda transaccional al proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, con la que obligarían a las comercializadoras eléctricas a informar a sus clientes cuando haya problemas de suministro. Una exigencia que podría suponer un importante trastorno para las empresas pequeñas e independientes. Fuentes del sector estiman que la medida favorece a las grandes compañías y que dificulta incluso la supervivencia de las que tienen menos cuota de mercado.

En el ecosistema energético español hay grandes empresas (las incumbentes) y multinacionales petroleras, que acaparan alrededor del 80% de los clientes, y una miríada de compañías independientes que ostentan el 20% restante. Por ley, la misma empresa no puede encargarse de la distribución y la comercialización de la energía. Es un obstáculo que los grandes grupos han sorteado creando sus propias comercializadoras –de hecho, las fuentes consultadas por este medio piden que se intensifique la inspección sobre si existe la preceptiva separación entre unas y otras–.

Pero en el caso de las independientes, son empresas ajenas a las de distribución, y ahí surge uno de los primeros problemas si esta enmienda sale adelante: la comercializadora no tiene conocimiento de lo que sucede en la red. De ahí que la enmienda especifica que tendrá que ser la distribuidora quien informe a la comercializadora, y ésta, a su vez, al cliente. Debería crearse, por tanto, una vía de comunicación directa entre unas y otras para poder informar al consumidor, y, lógicamente, en tiempo real.

Esto supondría unos costes que las empresas con menos músculo tendrían dificultad para afrontar, además de que, como aseguran a Demócrata fuentes del sector, trasladaría la responsabilidad –de cara al consumidor– a esas comercializadoras, que nada tienen que ver con los fallos en la red, puesto que ni siquiera tienen acceso a ella.

Favorece a las grandes

Aunque el impedimento anterior fuera soslayable, las comercializadoras independientes alzan la voz, sobre todo, porque consideran que, en un sector en el que la liberalización del mercado tiene innumerables carencias, esto supone otro palo en la rueda para las pequeñas y un aldabonazo a las grandes.

Por ello, piden que se establezcan exclusiones. No puede ser, afirman, que se les apliquen las mismas exigencias a las incumbentes que a las alrededor de 400 comercializadoras independientes.

Diferentes fuentes consultadas por este medio coinciden en la necesidad de establecer un mínimo y ofrecen alternativas. Se propone, por ejemplo, que solo afecte a las que tengan más de 2 millones de clientes en España. O que se aplique a las que estén por encima del 5% de cuota de mercado.

Sostienen que hacer tabla rasa, con “obligaciones desproporcionadas” para las empresas pequeñas, es muy poco realista, distorsiona el mercado, penaliza a quienes fomentan la competencia real y podría hacer inviable su actividad, forzándolas, incluso, a cerrar. Dejan claro que las pequeñas comercializadoras son las que garantizan un acceso más democrático, descentralizado y justo a la energía.