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A la altura de agosto de 2026, las mociones de reprobación promovidas por el Grupo Popular en el Senado en la XV Legislatura se encuentran, en términos formales, todas concluidas: cinco fueron debatidas y aprobadas por el Pleno y una fue retirada antes de su votación. No constan mociones de reprobación del PP a miembros del Gobierno que sigan hoy en fase de tramitación interna en la Cámara Alta.

Estado actual de las mociones de reprobación del PP en el Senado

De acuerdo con la información institucional recopilada, el PP ha impulsado al menos seis mociones de reprobación dirigidas a miembros concretos del Gobierno central en el Senado en esta legislatura:

• Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (11/02/2026). Moción de reprobación por la política de vivienda y la aplicación de la Ley 12/2023. Estado: aprobada por el Pleno y concluida. Véase la ficha oficial del Senado y el debate recogido en el Diario de Sesiones, sesión de 18 de febrero de 2026.
• Ministra de Sanidad, Mónica García (10/12/2025). Moción de reprobación ligada a la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario y a la gestión del Ministerio. Estado: aprobada y concluida, con publicación del texto aprobado en el Boletín de las Cortes Generales.
• Ministra de Igualdad (01/10/2025). Reprobación por la gestión del sistema de dispositivos telemáticos para víctimas de violencia de género y por las consecuencias de la Ley Orgánica 10/2022. Estado: aprobada y concluida; el texto final se publicó una vez celebrada la votación plenaria.
• Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (26/02/2024). Reprobación por la falta de medios frente al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y el Estrecho. Estado: aprobada y concluida. El acuerdo figura en el Boletín del Senado y en el Diario de Sesiones del Pleno correspondiente.
• Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica (Sara Aagesen), moción registrada el 28/04/2025, centrada en la gestión del apagón eléctrico del 28 de abril. Estado: aprobada y concluida, con constancia del acuerdo de reprobación en la ficha oficial de la iniciativa.
• Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, moción de 19/01/2024 sobre supuestas injerencias en la independencia del Poder Judicial. Estado: concluida por retirada; al retirarse, no se produjo votación sobre la reprobación.

Todas estas iniciativas aparecen en el registro del Senado como expedientes concluidos (bien por aprobación del texto, bien por retirada). En consecuencia, no quedan fases pendientes de tramitación en el seno del Senado respecto de esas mociones concretas; sus efectos se despliegan en el plano político, no en nuevas fases parlamentarias.

Recorrido típico de una moción de reprobación en el Senado

Las mociones de reprobación del PP en el Senado se tramitan como el resto de mociones no legislativas (a menudo, mociones consecuencia de interpelación). El esquema estándar es el siguiente:

• Presentación y registro por parte del grupo proponente, con un texto que expone los motivos de la reprobación y, en ocasiones, peticiones adicionales (cese del ministro, cambio de política, etc.).
• Calificación por la Mesa del Senado, que admite a trámite la moción si se ajusta al Reglamento y la remite al Pleno (o, en su caso, a una comisión).
• Inclusión en el orden del día del Pleno, decidida por la Mesa y la Junta de Portavoces. A partir de ese momento, la moción ya tiene fecha para su debate.
• Debate: defensa inicial del grupo proponente, turnos de los grupos a favor y en contra, posible debate de enmiendas y fijación de posición de cada formación.
• Votación, que se resuelve normalmente por mayoría simple de los senadores presentes (más votos a favor que en contra).

Una vez votada, el resultado se refleja en el Diario de Sesiones y el texto finalmente aprobado se publica en el Boletín de las Cortes Generales o en el Boletín del Senado. Con esa publicación, la iniciativa queda formalmente concluida: no hay una “ejecución” parlamentaria adicional.

Siguientes pasos y efectos prácticos

Desde el punto de vista jurídico-formal, la reprobación es un pronunciamiento político y no vinculante:

• No obliga legalmente al presidente del Gobierno a cesar al ministro reprobado, ni al propio ministro a dimitir.
• Su efecto principal es simbólico y político: fija la posición del Senado, genera presión sobre el Ejecutivo y alimenta el debate público.
• En ocasiones, como se ha visto con mociones del PP que instan también a dimitir al presidente o a disolver las Cortes, se utilizan como paso previo o “ensayo” de escenarios de mayor calado (cuestión de confianza o moción de censura en el Congreso), pero sin efectos automáticos sobre ellos.

Por tanto, en la situación actual: las mociones de reprobación del PP en el Senado ya han agotado su recorrido interno y los únicos “pasos siguientes” son políticos (reacción del Gobierno, posibles ceses o dimisiones voluntarias, uso de esos precedentes en futuros debates o iniciativas en el Congreso). Si el PP quiere volver a reprobar a un ministro o al propio Gobierno, debe registrar nuevas mociones, que iniciarían de nuevo el ciclo de calificación, inclusión en el orden del día, debate y votación.

Las competencias de los ministros en España se definen de forma general por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y se concretan sectorialmente en los reales decretos de estructura orgánica básica de cada departamento. A partir de este marco puede resumirse qué funciones corresponden, en términos materiales y de potestades, a los ministros del Interior, Asuntos Exteriores, Defensa, Sanidad e Igualdad.

Marco general común a todos los ministros

Con arreglo a la Ley del Gobierno y a la legislación de régimen jurídico de la Administración General del Estado, cualquier ministro:

• Dirige políticamente su departamento, fija prioridades y orientaciones, y responde solidariamente ante el Gobierno y las Cortes.
• Ejerce la jefatura de la Administración del ministerio, dictando instrucciones y órdenes de servicio y supervisando secretarías de Estado, direcciones generales y organismos adscritos.
• Impulsa y propone iniciativas normativas (leyes, reales decretos, órdenes ministeriales) en su ámbito material.
• Resuelve recursos administrativos y ejerce potestades sancionadoras, de inspección y de regulación en las materias de su competencia, en los términos que prevea la normativa sectorial.
• Representa al ministerio en sus relaciones con otras administraciones, organismos internacionales, empresas y sociedad civil.
• Coordina con comunidades autónomas y entidades locales cuando las políticas requieren cooperación interadministrativa (conferencias sectoriales, comisiones mixtas, convenios).

Ministro del Interior

Sobre la base de ese marco general, al titular de Interior se le encomienda la dirección de la política de:

• Seguridad ciudadana y orden público, incluyendo mando superior sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (salvo lo reservado al Gobierno en su conjunto).
• Protección civil y gestión de emergencias a nivel estatal, planes de protección y coordinación con servicios autonómicos y locales.
• Tráfico y seguridad vial en el ámbito de la Dirección General de Tráfico y competencias estatales.
• Política de inmigración y extranjería en su vertiente de control de fronteras, visados, autorizaciones y retornos, junto con otros departamentos competentes.
• Procesos electorales y régimen de partidos, en cuanto a organización material de elecciones generales, europeas y referendos de ámbito estatal y registro de partidos.

Ministro de Asuntos Exteriores

El ministro de Asuntos Exteriores dirige la:

• Política exterior del Estado, formulando y ejecutando las líneas de acción diplomática aprobadas por el Gobierno.
• Relación con otros Estados y organizaciones internacionales, negociando y firmando, por delegación, tratados y convenios internacionales.
• Representación de España en el exterior a través de la red de embajadas, consulados y misiones permanentes.
• Política europea en coordinación con la Presidencia del Gobierno y otros departamentos, participando en la posición española ante la Unión Europea.
• Cooperación internacional para el desarrollo y acción humanitaria en la parte atribuida al ministerio por su normativa orgánica.

Ministro de Defensa

Al ministro de Defensa la legislación le asigna la responsabilidad de:

• Desarrollar y ejecutar la política de defensa fijada por el Gobierno y las directivas del presidente.
• Dirigir la Administración militar y las Fuerzas Armadas en el plano orgánico, estableciendo su organización básica y recursos, sin perjuicio del mando supremo del Rey.
• Planificación de capacidades militares, industria de defensa, adquisiciones y logística.
• Participación en misiones internacionales y operaciones de mantenimiento de la paz, en coordinación con el Gobierno y las Cortes Generales.
• Protección de infraestructuras y recursos estratégicos en lo que se vincula a la defensa nacional.

Ministro de Sanidad

Aunque la asistencia sanitaria ordinaria está descentralizada, el ministro de Sanidad conserva funciones estatales clave:

• Coordinación general del Sistema Nacional de Salud, fijando bases comunes y marcos estratégicos con las comunidades autónomas.
• Salud pública y vigilancia epidemiológica, incluidos planes estatales de prevención, vacunación y respuesta ante emergencias sanitarias.
• Regulación de medicamentos, productos sanitarios y farmacia a nivel estatal.
• Garantía de equidad y cohesión en el acceso a prestaciones básicas del sistema.
• Relaciones sanitarias internacionales y con organismos como la OMS o la UE en materia de salud.

Ministra o ministro de Igualdad

Finalmente, el Ministerio de Igualdad concentra la acción del Gobierno en:

• Promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos (laboral, educativo, político, social).
• Prevención y lucha contra la violencia de género, dirigiendo estrategias estatales, planes integrales y sistemas de protección a las víctimas.
• Políticas frente a la discriminación por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género u otras circunstancias, en coordinación con otros departamentos.
• Impulso transversal de la perspectiva de género en las normas y políticas públicas.
• Relación con el movimiento asociativo y organismos consultivos en materia de igualdad.

En todos los casos, estas funciones específicas se ejercen bajo la responsabilidad política del ministro y dentro del marco común que la Ley del Gobierno y la Ley 40/2015 establecen para la actuación de los miembros del Ejecutivo y de la Administración General del Estado.

En el Senado, las mociones de reprobación no están reguladas como categoría autónoma, sino que se encuadran en el régimen general de las mociones no legislativas del Reglamento (arts. 173 a 179, 177 y concordantes). A partir de esa regulación y de la práctica parlamentaria, pueden sistematizarse así los requisitos para que una moción de reprobación sea admitida, debatida y votada.

1. Naturaleza jurídica de la moción de reprobación

La reprobación se vehicula como una moción cuya finalidad encaja en el art. 174.d del Reglamento del Senado: que la Cámara “delibere y se pronuncie sobre un texto de carácter no legislativo”. Puede tener por objeto:

• La reprobación del Gobierno en su conjunto.
• La reprobación de un ministro concreto u otro miembro del Gobierno.
• La reprobación de altos cargos que hayan comparecido ante el Senado o estén sometidos a su control.

No sustituye a la moción de censura (instrumento de responsabilidad política propio del Congreso de los Diputados): la reprobación es un pronunciamiento político, sin efectos jurídicos automáticos de cese.

2. Quién puede presentar la moción y forma mínima

Para que una moción de reprobación llegue a debatirse en el Pleno, debe cumplir las exigencias del art. 175.1:

• Presentarse por escrito dirigida a la Mesa del Senado, solicitando su inclusión en el orden del día.
• Ser presentada por:
  • Una Comisión, o
  • Un Grupo parlamentario, o
  • Un mínimo de diez senadores.

Cuando la reprobación se articula como moción consecuencia de interpelación, el art. 173.2 permite al interpelante anunciar la presentación de una moción tras el debate con el Gobierno; su desarrollo se completa con las normas supletorias de la Presidencia sobre mociones consecuencia de interpelación.

En el ámbito de una Comisión, el art. 177.1 permite aprobar mociones (también de reprobación) en el marco de sus competencias, siempre que las presenten un Grupo de la Comisión o cinco senadores miembros de ella.

3. Contenido, motivación y límites materiales

El Reglamento no detalla un contenido tipo, pero de los arts. 174 y 175 se desprenden algunas exigencias:

• La moción debe contener un texto claro y concreto sobre el que la Cámara pueda pronunciarse (por ejemplo, “el Senado reprueba la actuación de…”).
• Debe guardar relación directa con el control político al Gobierno o al alto cargo afectado.
• Si la moción incluye llamamientos que impliquen aumento de gasto o reducción de ingresos, se sujeta al art. 151 y, en su caso, debe acompañarse de evaluación de coste (art. 175.2 para las del art. 174.d).

Materialmente, la Mesa puede inadmitir o reconducir mociones que:

• Sean idénticas a otras ya votadas en el mismo período de sesiones (art. 175.1).
• Vulneren la Constitución o excedan las competencias del Senado, por ejemplo, convirtiendo de facto la reprobación en una cuestión de confianza o censura, que corresponde al Congreso.

4. Papel de la Mesa y tramitación hasta el debate

La Mesa del Senado, a la vista del escrito, debe:

• Calificar la moción (comprobar legitimación, forma, finalidad encajable en el art. 174).
• Decidir, oída la Junta de Portavoces, su inclusión en el orden del día del Pleno o de la Comisión competente.

El art. 175.3 establece un plazo mínimo: la sesión en que se discutan estas mociones “no se podrá celebrar antes de transcurridas cuarenta y ocho horas desde su presentación”. Además, existe una Norma supletoria de la Presidencia (4 de diciembre de 2024) que concreta aspectos de orden del día, agrupación de mociones, tiempos, etc.

Cuando una moción de reprobación se aprueba en comisión, el art. 177.2 permite que el Presidente, de acuerdo con la Mesa, ordene su ratificación por el Pleno cuando lo requiera su importancia.

5. Debate, votación y efectos

El debate de las mociones del art. 174.a) y d) (donde encajan las de reprobación) sigue el esquema del art. 176: un turno a favor y otro en contra de hasta veinte minutos, más las intervenciones de los portavoces que lo soliciten (diez minutos).

La votación se rige por las reglas generales del Reglamento: como regla, mayoría simple de los votos emitidos, salvo previsión específica (que no existe para la reprobación). La votación suele ser pública, aunque el Senado prevé también votaciones secretas con bolas blanca (aprobación) y negra (reprobación), mecanismo pensado para calificar conductas personales.

Si la moción de reprobación resulta aprobada:

• El Presidente del Senado debe comunicarla al Gobierno o al órgano correspondiente (art. 178.1).
• En un plazo de hasta seis meses, el Gobierno u órgano afectado ha de informar sobre el cumplimiento dado a la moción, y el informe se publica (art. 178.2).

Sus efectos jurídicos son limitados: no provoca por sí misma el cese del reprobado, que depende del Presidente del Gobierno y del Rey. Sin embargo, su efecto político es muy intenso: supone una desautorización formal por parte del Senado, que puede generar presión para la dimisión o el relevo, condicionar futuras relaciones entre Gobierno y Cámara y proyectar un mensaje claro a la opinión pública.