QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno ha superado los días estipulados en la Ley General Presupuestaria para presentar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Antes de eso, todavía está pendiente la aprobación de una senda de déficit, que, como pudo conocer Demócrata, llegará “pronto” al Congreso. Estos retrasos podrían amenazar el desembolso de algunos fondos europeos pendientes.
Dentro de los PGE, los fondos se organizan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principal instrumento para canalizar los recursos de Next Generation. En los últimos presupuestos aprobados, la partida dedicada a este plan alcanzó los 28.692 millones de euros, distribuidos en 30 componentes que combinan reformas e inversiones. De estas cifras, el 39% de los fondos se destina a la transición verde y el 28% a la transformación digital.
Para recibir estos fondos, Madrid debe culminar algunos objetivos que le avalarían a la hora de solicitar los desembolsos en el último semestre de 2026. La aprobación de los PGE permite programar y ejecutar nuevas reformas pactadas. Al prorrogarse, el gasto queda limitado a partidas ya previstas, lo que dificulta certificar nuevos proyectos. Esto abre la puerta a que se paralicen inversiones asociadas a estas subvenciones.
A día de hoy, España es el único país que no ha remitido su plan presupuestario a la Comisión Europea. Pese a que las veintisiete capitales no están obligadas a presentar dicho plan, todas lo han hecho ya. Según la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, esto puede paralizar los ajustes fiscales necesarios para impulsar la economía nacional. “Es casi más grave no tener proyecto de presupuestos que no tener presupuestos aprobados”, sentenció.
Fuentes del Partido Socialista en Bruselas, consultadas por Demócrata, sostienen que los Next Generation, dependientes de la Comisión, no estarían en riesgo porque «aunque no haya presupuestos, se van recibiendo a medida que vayan mostrado sus avances». Esas mismas fuentes sostienen que la prórroga presupuestaria no tiene un impacto en el recibimiento de dichas partidas. «El Gobierno los tiene garantizados», concluyen. Tal y como apuntan desde Ferraz, algunas inversiones continuarán sus procesos porque la Unión ya ha transferido dichos recursos.
Sin embargo, el Instituto de Estudios Económicos sostiene que la rigidez de un presupuesto prorrogado impide una adecuada adaptación de la política fiscal. Además, limita la capacidad de ejecutar las reformas necesarias para el desbloqueo de partidas.
En esta línea, el máximo organismo comunitario obliga a los Estados a dar cuenta de los avances conforme al calendario. El retraso de los PGE puede ralentizar los pagos por la falta de un plan que respalde la ejecución. La ausencia de nuevos presupuestos reduce el margen para lanzar nuevas convocatorias de ayudas asociadas a esos fondos.
Fondos pendientes
Queda poco más de un año para que el plazo de ejecutar las inversiones comprometidas caduque. En agosto, España recibió la mayor transferencia hasta la fecha entre las capitales miembros del fondo de recuperación. En concreto, se materializó en la transferencia de más de 23.000 millones de euros. Quedaron pendientes 1.000 millones por la incapacidad del Gobierno de aprobar en el Congreso la subida de impuestos al diésel y la digitalización de la administración.
Después de la reunión informal de los ministros de Economía en Copenhague, este mismo mes, el Ejecutivo nacional mostró su voluntad de presentar en noviembre una reforma del plan de recuperación para encarar la última fase de los fondos. El objetivo sería apostar por el modelo de subvenciones, más allá de los créditos. Con la mirada puesta en este último año, solo se ha desplegado el 55% de los fondos anunciados por Bruselas.
La eurodiputada del PP Isabel Benjumea ha planteado unas cuestiones a la Comisión Europea sobre la gestión de esos fondos. En Génova apuntan a que el Gobierno está negociando con el organismo una adenda al Plan de Recuperación para simplificar el número de objetivos.
“Lo más grave es que en esa adenda el Gobierno estaría renunciando a recibir 68.000 millones de euros, el 40% del total de los fondos asignados a nuestro país. Renunciaría a ellos porque es incapaz de gestionarlos y sería la confirmación del fracaso del Gobierno de Sánchez en la gestión de estos fondos”, defiende Benjumea.
Fuentes populares defienden que también se han dado irregularidades en las solicitudes de pago. «El cuarto tramo fue presentado con seis meses de retraso y aprobado con un año de retraso tras varias solicitudes de aplazamiento por parte del Gobierno», afean.
Con todo, Benjumea ha solicitado conocer «si es realista creer que en once meses podrá presentar esas cuatro solicitudes de pago y cumplir con todos los compromisos pactados».
Los PGE de 2023
Dentro de la ley de presupuestos los fondos se acomodan en las partidas entre gastos de personal, bienes y servicios, transferencias, inversiones reales y transferencias de capital. Mayormente se concentran en esas inversiones reales y las transferencias. Gran parte de ellas se articula a través de líneas de subvenciones y convenios con CCAA bajo un modelo de cogobernanza que busca desplegar las reformas en todo el territorio.
El Ministerio que mayor gestión tiene sobre los fondos es el de Industria con un 21, 85, seguido de Transportes que representa el 17,7% y cerca de Transición Ecológica que se ocupa del 17,2%. En el presupuesto de hace dos años y que permanece prorrogado, se preveían transferencias por más de seis mil millones a las Comunidades y más de mil millones a Entidades Locales.
Deber de los Estados
Los veintisiete, atendiendo al marco de la Unión para las políticas presupuestarias, tienen algunas obligaciones clave que se basan en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza.
Cada Estado debe presentar anualmente planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo que integren objetivos presupuestarios, reformas e inversiones. Se incluyen aquí las destinadas a corregir desequilibrios macroeconómicos.
Los planes describen cómo se alinean con las prioridades de la UE —transición ecológica, digitalización, seguridad energética y defensa— y tienen que ser aprobados por la Comisión Europea y el Consejo. Del mismo modo, Bruselas supervisa anualmente la evolución del gasto público neto, descontando intereses, ingresos discrecionales y gastos en programas cofinanciados por la UE.
