QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reclamado a sus homólogos europeos avanzar “más rápido y con mayor ambición” en la protección de los menores en los entornos digitales. Lo ha hecho durante su intervención en el Consejo informal de Ministros de Telecomunicaciones celebrado en Horsens (Dinamarca), donde ha instado a la Unión Europea a adoptar medidas comunes frente a los riesgos que enfrentan los niños y adolescentes en Internet.
“Debemos hacer más, mejor y más rápido”, subrayó López, quien ha comparado la falta de controles en el mundo digital con las normas existentes en la vida real: “Una niña europea no conduce un coche porque hay controles. Un menor europeo no compra alcohol porque hay controles. Si esas normas funcionan en el mundo analógico, ha llegado la hora de ser igual de contundentes en el digital”.
Protección de menores en entornos digitales
En el Ejecutivo afirman que los datos respaldan su preocupación: en España, el 91% de los menores se conecta a Internet todos los días y la edad media del primer acceso a contenidos pornográficos se sitúa en los 11 años. Ante este panorama, el Gobierno busca aprobar el Proyecto de Ley Orgánica de protección de los menores en entornos digitales, que incluye medidas como elevar de 14 a 16 años la edad mínima para registrarse en redes sociales sin consentimiento paterno o penalizar la creación de deep fakes sexuales como delito contra la integridad moral.
López también ha pedido soluciones europeas coordinadas para hacer frente a las diferencias legislativas entre países, con especial atención a la creación de sistemas robustos de verificación de edad y a la reducción de diseños adictivos en las plataformas. Estas medidas, ha recordado, deben complementarse con una mayor educación digital y acompañamiento a los menores.
Cartera digital
En este ámbito, defienden que España se sitúa a la vanguardia europea gracias al desarrollo de una App de verificación de edad integrada en la Cartera Digital española, actualmente en fase de pruebas de interoperabilidad junto a Francia, Dinamarca, Italia y Grecia. El ministro ha destacado que esta herramienta está completamente alineada con los estándares europeos y será clave en el despliegue de la Cartera Europea de Identidad Digital prevista para 2026, que aspira a convertirse en un punto de inflexión en la seguridad digital del continente.
López ha cerrado su intervención con un llamamiento a la responsabilidad compartida entre los gobiernos y las plataformas tecnológicas: “Las plataformas deben comprometerse más con los derechos digitales europeos, y los Estados miembros debemos impulsar soluciones conjuntas y eficaces”.
«Chat control»
Estaba previsto que en los próximos días el Consejo tomase una decisión sobre la posibilidad de que las plataformas de mensajería, como WhatsApp o Messenger, puedan analizar las conversaciones de sus usuarios para detectar posibles casos de abuso sexual infantil. Esta propuesta, conocida como “chat control”, forma parte del Reglamento de la Comisión Europea para prevenir el abuso sexual de menores en línea, sin embargo su discusión formal se ha pospuesto tras generar un intenso debate entre los Estados miembros.
El objetivo del texto que se estudia es combatir la difusión de material de abuso sexual y el embaucamiento de menores en Internet, dos fenómenos que preocupan a todos los gobiernos europeos. Sin embargo, la detección del llamado “grooming” o embaucamiento —cuando un adulto manipula a un menor con fines sexuales— plantea serios dilemas sobre la privacidad, ya que requeriría el análisis automatizado de los mensajes enviados a través de aplicaciones privadas.
El Reglamento reconoce el impacto en derechos fundamentales, como la intimidad o la confidencialidad de las comunicaciones, pero justifica estas medidas por el interés general prioritario de proteger a la infancia. Para evitar abusos, la Comisión propone que cualquier orden de detección solo pueda emitirse por una autoridad judicial o administrativa independiente, y únicamente cuando existan pruebas claras de riesgo significativo. Además, las tecnologías empleadas deberán ser lo menos intrusivas posibles, incapaces de extraer información ajena y sujetas a supervisión humana periódica.
