El Parlamento gallego pide al Gobierno reunir a las CCAA sobre el nuevo marco financiero europeo

El Parlamento gallego reclama al Gobierno reunir a las comunidades para tratar el marco financiero europeo y refuerza la cooperación en justicia y emergencias.

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El Parlamento de Galicia, con el respaldo de todos los grupos, ha aprobado una iniciativa para que la Xunta solicite al Gobierno central la convocatoria urgente de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, con el fin de tratar de forma específica con todas las comunidades autónomas el futuro marco financiero europeo.

La decisión se ha adoptado a partir de una proposición no de ley del Grupo Popular debatida este miércoles en la Comisión 1ª Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.

En esta misma comisión también ha prosperado otra propuesta del PPdeG, apoyada por unanimidad, que insta al Ejecutivo autonómico a “seguir promoviendo acuerdos de colaboración y protocolos operativos en materia de protección civil y emergencias con las comunidades autónomas limítrofes”.

Del mismo modo, el texto reclama “continuar reforzando la cooperación transfronteriza con Portugal para la atención conjunta a emergencias que puedan afectar a ambos territorios”.

Por otra parte, la Cámara ha dado luz verde parcialmente a una iniciativa del PSdeG, a la que se ha añadido una enmienda transaccionada del BNG, mediante la cual se pide a la Xunta que elabore, antes del 30 de diciembre, un informe de evaluación sobre si el diseño y la estructura de la oficina judicial de los tribunales de instancia y órganos colegiados, así como la relación de puestos de trabajo, se adecúan a las necesidades de la administración de justicia en Galicia y, en su caso, tras la negociación con las organizaciones sindicales, acometer las modificaciones oportunas.

La propuesta también contempla tener en cuenta, en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial, las funciones desempeñadas con anterioridad a la puesta en marcha del nuevo modelo de oficina judicial.

En función de las conclusiones del informe mencionado, se plantea aumentar y reforzar las plantillas al servicio de la administración de justicia en los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, de acuerdo con las necesidades y demandas de los tribunales de instancia.