El PSIB ha planteado que la vivienda a precio limitado (VPL) en la que supuestamente residiría el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, sería “la punta del iceberg” y ha denunciado que en la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad “no hay control” sobre cómo se reparten estos inmuebles.
Así se ha manifestado la diputada socialista Pilar Costa, que ha definido este episodio como “muy grave” y generador de “desánimo” entre la ciudadanía ante la crisis de acceso a la vivienda en Baleares.
Costa ha afeado que el Govern defienda que las viviendas de protección oficial “acaben en manos de los nuestros y los de aquí” y, sin embargo, ahora se descubra que “cuando hablan de los nuestros se refieren a la gente del PP”.
Desde el PSIB han reclamado “contundencia” frente a lo ocurrido y han advertido de que, si el conseller del ramo, José Luis Mateo, no interviene, “habrá connivencia” ante un “primer caso del que se tiene conocimiento”, lo que, a su juicio, generará “desconfianza” en la población al comprobar que “miembros del PP actúan en su propio beneficio”.
Por este motivo, Costa ha instado al Govern y al Ibavi a que “actúen de oficio” para destapar las “posibles irregularidades” que se hayan podido producir en torno a la figura de las VPL, tras este caso en el que señalan a Triguero de haberse “autoadjudicado” una vivienda de este tipo, pese a incurrir en “presuntas ilegalidades”.
La diputada ha recordado que, en su día, el PSIB ya alertó sobre las consecuencias que podía acarrear la aprobación de esta “controvertida figura urbanística”, que aunque implica una rebaja respecto al mercado libre, también resulta “un 30% más caros que una vivienda de protección oficial”.
Entre otros riesgos, los socialistas advirtieron de que sería un “colador para hacer marrullerías, si no se controlaba bien”. “Lo que no se podía sospechar es que esto llegara a pasar tan pronto y con un caso tan sonado que afectara a Triguero”, ha remarcado Costa.
Por ello, ha reiterado la necesidad de que las instituciones “inspeccionen todos los casos” con el fin de garantizar que “se cumplen todos los requisitos” que fija la norma para poder acceder a una vivienda de precio limitado.
El PSIB respalda la nueva Ley de Capitalidad de Palma
Por otro lado, el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha adelantado que el grupo apoyará la tramitación de la reforma de la Ley de Capitalidad, tal como reclamaba la bancada socialista, al considerar que es “un debate que hay que tener”, que abordarán de forma “constructiva” y al que facilitarán su recorrido parlamentario.
En este sentido, ha precisado que atenderán con interés la intervención del alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien ha solicitado participar en el debate para poder trabajar y presentar enmiendas desde una óptica “constructiva”.
Las enmiendas socialistas buscarán avanzar hacia una ciudad “más moderna, más eficaz, más eficiente y, por supuesto, a la altura de la séptima ciudad de España”. A juicio de Negueruela, “Palma ahora mismo no tiene una Ley de Capitalidad de acuerdo con la importancia que tiene en estos momentos en las Islas y el conjunto del Estado, por lo que hay que actualizarla”.
Ha añadido que esta norma “ya se ha trabajado en numerosas ocasiones” y que, por ello, tratarán de impulsar cambios que permitan “modernizar la ciudad”. Su objetivo, ha dicho, es alcanzar “la mejor ley posible”, de forma que “el PSIB empiece a gobernar Palma el año que viene con una ley totalmente actualizada y moderna, y no perder ni un segundo en 2027”.
Por último, Negueruela ha avanzado que en el próximo pleno los socialistas interpelarán a la consellera de Salud, Manuela García, para que aclare la situación de la gerencia de la zona básica de salud de Sa Torre, dirigida por una enfermera, después de que, tras una denuncia de Simebal, el TSJIB haya resuelto que la directiva deberá ser cesada por “no tener la titulación de médico”.
“Después de escuchar el alegato de García en el pleno, hay interrogantes que ayer no explicó”, ha señalado el portavoz. El PSIB pretende aclarar, entre otros extremos, cuál fue el papel de la consellera cuando Simebal presentó el recurso y García ejercía como presidenta del Colegio de Médicos de Baleares.