MÉS per Mallorca tiene previsto interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la tramitación del proyecto de ley de proyectos estratégicos, mientras que Més per Menorca mantiene abierta la posibilidad de acudir a la vía penal.
En las comparecencias posteriores a la Junta de Portavoces, los portavoces de ambas formaciones han arremetido contra la Mesa del Parlament por haber reconsiderado las enmiendas de PP y Vox a la citada ley, a pesar de que, según denuncian, no guardan una relación directa con su contenido.
En esta línea, el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha insistido en que su grupo registrará un recurso de inconstitucionalidad al entender que esta forma de tramitación “vulnera” los derechos de los diputados.
Por su parte, el diputado menorquinista, Josep Castells, ha recriminado a la Mesa “hacer el trabajo sucio” al Govern al aceptar “decenas de enmiendas ilegales para colarlas en un proyecto de ley donde no tenían cabida”.
Tal como ha explicado, la Mesa de la Comisión de Hacienda, siguiendo el criterio unánime de los letrados de la Cámara, había decidido inicialmente rechazar estas enmiendas por carecer de conexión con la ley en curso.
Sin embargo, la Mesa del Parlament volvió a darlas por buenas el pasado miércoles. Además, Castells ha afirmado que el vicepresidente de la Mesa, Mauricio Rovia, “reconoció expresamente, y esto consta en acta, que las enmiendas de su propio grupo no tienen que ver con el título del proyecto de ley”.
Igualmente, ha destacado que los escritos presentados por PP y Vox para solicitar la reconsideración de las enmiendas se registraron fuera del plazo fijado por el Reglamento. A su juicio, la Mesa “hizo la vista gorda” y se “saltó sus propias normas para llegar al resultado políticamente deseado”.
El diputado menorquinista ha formulado una impugnación en la que sostiene que la actuación del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y del vicepresidente de la Cámara “podría ser constitutiva de un delito de prevaricación administrativa”.
Castells ha añadido que su impugnación ha llevado a que la ponencia prevista para el pasado martes optara por no debatir ni someter a votación las enmiendas, lo que interpreta como “un reconocimiento implícito de que la maniobra de la Mesa no resiste un escrutinio jurídico serio”.
En consecuencia, ha reclamado a la Mesa que deje sin efecto el acuerdo adoptado el miércoles y suspenda de forma cautelar la tramitación de las enmiendas cuestionadas. Si esto no ocurre, Castells ha advertido de que su grupo valorará acudir a las jurisdicciones contencioso-administrativa, constitucional y penal.