QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión de Educación y Universidades del Parlament ha respaldado unánimemente una medida para intensificar las condiciones de acceso a profesiones que involucren interacción con menores, incluyendo el delito de acoso, para prevenir incidentes futuros como el de Miquel Roldán y facilitar la suspensión de educadores condenados en primera instancia.
Los partidos han aprobado una Proposición No de Ley (PNL) del PP que establece como motivo de incompatibilidad para el acceso y ejercicio de ciertas profesiones y actividades, las condenas por diversos delitos detallados en el artículo 172 del Código Penal, si estos se han cometido contra menores.
Esta propuesta surge en respuesta al caso de Roldán y la preocupación de las familias del centro educativo de Palma donde Roldán es interino. “ante la alarma social generada”. La proposición mencionaba los obstáculos enfrentados para retirarlo de sus funciones docentes, destacando que una comisión paritaria decidió que se sometiera a una evaluación médica, aunque aún se espera este control debido a que él tomó una baja.
Además, la iniciativa, que ha obtenido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, solicita al Gobierno central que defina más claramente los criterios de acceso y ejercicio de dichas profesiones, garantizando la incompatibilidad con individuos condenados por acoso o acoso a menores, incluso si no son de índole sexual, y que se fortalezcan los protocolos de Inspección Educativa en los centros y por parte de las familias.
El Parlament también demanda mecanismos específicos para separar de manera inmediata a los profesionales condenados por estos delitos de sus funciones con menores mientras no se resuelvan las apelaciones. Los partidos han instado igualmente al gobierno autonómico a revisar y mejorar los protocolos internos de la Conselleria para asegurar que ante cualquier condena en primera instancia por delitos contra menores, se tomen medidas cautelares de reubicación o suspensión temporal.
