La representación sudanesa en la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) son culpables de ocasionar la muerte a más de 30.000 ciudadanos en Sudán, además de perpetrar numerosos abusos y violaciones desde el inicio del conflicto en abril de 2023.
Intisar Abdel Aal, fiscal general de Sudán, expuso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que las RSF han cometido severos abusos en la mayoría de las regiones afectadas por los combates, incluyendo «violaciones en grupo, esclavitud sexual y desnudez forzada», lo que evidencia «una pauta sistemática y preocupante de violencia sexual».
Abdel Aal, además de dirigir el Comité Nacional de Investigación Crímenes y Violaciones de la Ley Nacional y de la Ley Humanitaria Internacional, ha hecho un llamado a «respeto a la soberanía del Estado y no injerencia en nuestros asuntos internos», señalando que la insurrección de la milicia «es uno de ellos».
Por otro lado, Mohamed Chande Othman, quien lidera la misión de investigación del Consejo en Sudán, ha indicado que tanto las RSF como las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) han sido responsables de graves abusos. Othman ha descrito los centros de detención de las RSF como «mataderos» y ha mencionado la «tortura» y «abuso sexual» en las instalaciones de las SAF.
Othman también ha destacado que niñas de apenas 12 años han sido forzadas a matrimonios, «a veces bajo amenaza de muerte para sus familias», y que «hombres y niños han sido objeto de torturas de carácter sexual», calificándolos como «actos que tienen su origen en el racismo, los prejuicios y la impunidad, y que devastan comunidades enteras».















