Hungría ha comunicado que, junto a Eslovaquia, presentará un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el plan de la Unión Europea de finalizar todas las importaciones de gas ruso para el año 2027. Este anuncio se produce tras el consenso en la UE para implementar la propuesta de la Comisión Europea, conocida como Repower EU.
El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, declaró en redes sociales que, una vez el plan sea oficialmente aprobado, “lo impugnará de inmediato ante el Tribunal de Justicia de la UE”. “Los procedimientos legales comenzarán sin demora. El trabajo preparatorio ya está en marcha. Haremos todo lo necesario para defender la seguridad energética de Hungría”, agregó.
Zoltan Kovacs, asesor presidencial húngaro, explicó en una publicación que tras la adopción del reglamento, Hungría emprenderá acciones legales argumentando que el plan “viola los tratados de la UE, se adoptó mediante fraude legal y contradice incluso la propia evaluación de impacto de Bruselas”. Kovacs confirmó que la demanda se coordinará con Eslovaquia ya que ambos países “se enfrentan a los mismos riesgos” y “coordinarán sus esfuerzos legales”.
“El plan es un dictado político e ideológico que Hungría debe resistir para proteger su economía y sus familias”, defendió Kovacs, quien frecuentemente expresa la postura del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en temas de política internacional.
Este miércoles, el Parlamento Europeo y los Estados miembros acordaron cesar todas las importaciones de gas ruso para 2027, iniciando gradualmente con la desconexión del gas natural licuado, que deberá completarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026, y programando para otoño de 2027 la eliminación definitiva del resto de importaciones de gas de gaseoducto.
“Es un día histórico”, celebró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en una declaración temprana el miércoles, junto a Dan Joergensen, comisario de Energía, y Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE). El pacto requiere aún la aprobación formal del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser oficialmente adoptado y entrar en vigor.











